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La Audiencia desinfla el "caso Jinámar" y elude aclarar si hubo daño económico

El órgano de fiscalización concluye que no se puede determinar si el convenio, firmado en 1998, es lesivo para los intereses públicos porque no se ha materializado. Entiende que el acuerdo, ratificado entre el Gobierno y Promociones Horneras, no se ha cerrado "verdaderamente".

EL DÍA/EFE, Tenerife/Las Palmas
19/nov/02 16:30 PM
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La Audiencia de Cuentas de Canarias afirma en su informe definitivo sobre el llamado "caso Jinámar" que no se podrá saber si se ha producido un quebranto patrimonial para la Comunidad Autónoma hasta que no se materialice el convenio suscrito entre el Gobierno y Promociones Horneras.

En el informe, aprobado ayer por la Audiencia de Cuentas, se sostiene que aún no se puede determinar si el convenio es lesivo para los intereses públicos, manifestó ayer su presidente, Marcelino Rodríguez.

El convenio fue firmado en 1998 por el Ejecutivo Autónomo y la empresa Promociones Horneras para la construcción del parque marítimo de Jinámar, actuación por la que el consejero de Política Territorial y Medio Ambiente, Fernando González, denunció a su antecesor, Tomás Van de Walle.

En la demanda, González acusa a Van de Walle de modificar las condiciones del convenio y de ceder unos suelos de carácter público al promotor del centro comercial en contraprestación por la expropiación de los terrenos afectados por el plan especial.

Marcelino Rodríguez, a la conclusión del pleno de la Audiencia de Cuentas, sostuvo que en el informe aprobado ayer no se modifican las conclusiones del anterior referido al mismo asunto, que data de mayo.

Sus declaraciones, sin embargo, coinciden con las alegaciones de la Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente, en las que se indicaba que no se realizó valoración alguna de los bienes reflejados en el convenio urbanístico de 1998 y, además, se exponía la necesidad de modificar las condiciones del acuerdo adoptado en Consejo de Gobierno por existir desajustes y no disponer de un informe técnico preciso.

A juicio del presidente de la Audiencia de Cuentas, la existencia o no de perjuicios a la Comunidad Autónoma se comprobará sólo "cuando, verdaderamente, entre las dos partes se cierre y se haga un convenio" en el que se definan las contraprestaciones económicas o materiales.

"Nosotros analizamos un expediente; en ese expediente vemos unos hechos. Como el expediente no se ha llevado a cabo, es decir, no se ha materializado el convenio, nosotros no podemos definir que existe o no un perjuicio patrimonial", argumentó.

Recomendaciones

En el informe aprobado ayer se recomienda al Gobierno que tenga "muy en cuenta las contraprestaciones, tanto económicas como materiales", que recoja el futuro convenio, que procure que la titularidad esté clara y que la instrumentación jurídica se articule de forma adecuada, explicó Rodríguez.

El presidente de la Audiencia de Cuentas añadió que en las conclusiones también se aconseja al Ejecutivo que, en caso de que desestime la continuidad de la relación con Promociones Horneras, "vaya a subasta pública y que el mejor postor se lleve ese convenio".

La Audiencia, para elaborar su informe, ha analizado la documentación que le han remitido las partes, entre ellas los contratos, las licencias urbanísticas, los planes parciales y los planes especiales.

Cabe recordar que el órgano de fiscalización ponía en evidencia en su informe la falta de control por parte de Intervención General.