NO SE TRATA DE UN DOCUMENTO "top secret" ni de un informe confidencial. Un resumen, tristemente aleccionador, puede leerse en las páginas de este periódico, concretamente en el número que corresponde al lunes día 18 de este mes de noviembre. Un servidor aconsejaría al Gobierno de Don Román Rodríguez que, para ahorrarse gastos y cabreos, aboliera de una vez la Audiencia de Cuentas de la Comunidad y, si se tercia, hasta el Parlamento, porque dice el último informe del órgano fiscalizador que la Administración autonómica ha hecho caso omiso de las conclusiones de la Audiencia plasmadas en diferentes resoluciones de la Cámara regional.Uno lo lee y no lo cree porque aquí parece que vivimos en este país de "Nunca Jamás" al que echaba mano Disney para contarle fantasías a la gente menuda. Por si no lo han leído detalladamente, la Audiencia de Cuentas, en su último informe que, al parecer, sólo está en proyecto y al que se añadirán más cosas cuando sea definitivo, repite, por tercera o cuarta vez, muchas de las conclusiones y recomendaciones al Ejecutivo porque no se han cumplido aún. Entre estas recomendaciones, que suman 33, se pide a la Administración autonómica que "limite el procedimiento de pago a justificar en los gastos en los que no se puede aportar la documentación justificativa antes de formular la propuesta de pago". O sea, que el Gobierno daba alegremente millones de pesetas sin exigir la garantía correspondiente, sino "a justificar" cuando al beneficiario le saliera de donde salen estas cosas. Este fue el caso de las cuantiosas aportaciones que el ICFEM entregaba a empresas y sindicatos para que formaran profesionalmente a miles de jóvenes, la mayoría de los cuales no aprendieron absolutamente nada porque se trataba de clases fantasmas. Luego, ante la magnitud del escándalo y sus consecuencias, se recurrió a las justificaciones a posteriori que se llevaron a cabo mediante amañados maquillajes para que pareciera que todo el dinero se "devolvió", naturalmente, en forma de justificaciones. Pero, como consta en el informe aludido, el Gobierno no escarmentó y siguió con las suyas, sin que al señor presidente y a los responsables de los despropósitos se les caiga la cara de vergüenza. El Ejecutivo continúa empleando el pago "a justificar" y sigue con sus anomalías de siempre en la Cuenta General de la Comunidad Autónoma. Contra lo que le pide la Audiencia de Cuentas, no realiza los "informes de gestión sobre cumplimiento de los objetivos y adecuación de los programas presupuestarios más relevantes". No ha dejado de contratar personal laboral a dedo para las empresas públicas cuando los funcionarios pueden y deben realizar los mismos trabajos. No ha suprimido la ampliación de créditos sin cobertura y no modifica el control del gasto público que se considera insuficiente por la Audiencia. Los contratos menores siguen sin fiscalizarse previamente, desatienden las Consejerías la recomendación de recurrir a concursos o subastas y el sector público empresarial no se reordena. La prueba de esto último está en los abultados déficit de las empresas de la Comunidad autónoma, que son imparables. ¿Hay quién dé más?
