"Lo fácil es cuando se ven las orejas al lobo, y me refiero al Año Mundial de la Discapacidad que se celebra en 2003, empezar a correr y fomentar la eliminación de barreras arquitectónicas, pero aunque tarde, todos tenemos que alegrarnos muchísimo, porque parece que por primera vez nos vamos a mentalizar todas las administraciones de que hay que hacer ciudades accesibles y eso es lo más importante".
La valoración de Carmen Rosa García Montenegro, consejera delegada de la Sociedad de Promoción del Minusválido (Sinpromi), viene precedida de la constatación de los incumplimientos aún hoy, siete años después de aprobada, de la Ley Canaria sobre Accesibilidad, de lo que responsabiliza a las Admnistraciones públicas en general, y a los Ayuntamientos en particular.
Ni siquiera es capaz de dar un nombre de un municipio tinerfeño que pudiera resultar ejemplar, aunque tampoco lo hace de otro escandalosamente infractor "porque afortundamente se están mentalizando de que tienen que hacer municipios accesibles a todo tipo de personas".
No obstante, lo más importante de lo que queda por hacer no está en las obras, advierte García Montenegro, sino en "la educación. "Los técnicos de los ayuntamientos y los políticos no tienen metido en la cabeza que tienen que hacer ciudades accesibles y eliminar las barreras. El problema no es de infraestructuras, sino en cambiar mentalidades", insiste.
Y pone en el énfasis en el "olvido" de los técnicos municipales de la normativa, a pesar de que Simpromi cuenta con un gabinete de asesoramiento sobre accesibilidad, que hasta el mes de junio pasado había recibido cerca de 200 consultas de particulares y administraciones. La misma oficina recibe las denuncias de personas que han pretendido acceder a instalaciones de administraciones públicas y no han podido.
"A través de la Prensa vemos las obras que se están ejecutando y a continuación redactamos cartas para el ayuntamiento correspondiente o el propio Cabildo y les recordamos que hay una normativa sobre accesibilidad y que hay que cumplirla y que podemos asesorarles gratuitamente y hacerles el proyecto", explica sobre la labor del gabinete.
La actuación puede realizarse en domicilios particulares, "porque cuando hablamos de accesibilidad, nos referimos también a personas con movilidad reducida", agrega.
El Ejecutivo llega tarde
Una oficina similar se plantea ahora poner en marcha el Gobierno de Canarias. "Me parece "un poco tarde que se dé cuenta siete años después de la Ley de que tiene que abrir una oficina de asesoramiento, cuando el Cabildo de Tenerife lo estamos haciendo desde 1987, y no sólo en la Isla, sino que nos hemos ido a Argentina, Chile, La Rioja o Navarra.
Esa misma falta de diligencia del Ejecutivo Autónomo se evidencia cuando la consejera es capaz de enseñar el Manual del Reglamento de la Ley de Accesibilidad, que ha elaborado esta entidad y en la que se ofrece orientación práctica sobre las actuaciones que es preciso ejecutar para mejorar la accesibilidad en edificios y su entorno.
En cuanto a la situación en los distintos sectores, Carmen Rosa García valora que la planta hotelera de la Isla es "desde hace unos años para acá bastante practicable", aunque no todos son accesibles, "y por eso queremos poner en marcha una campaña, para que pasen el control de Sinpromi y si es accesible le entregaríamos una placa de reconocimiento".
Acerca del transporte de discapacitados, se muestra satisfecha con los taxis adaptados, no así con Titsa, a la que exige "un esfuerzo mayor" en la compra de más unidades para personas con minusvalías. Y sobre los colegios resume: "Un padre de un centro de Santa Cruz tuvo que hacer la rampa para su hijo que va en silla de ruedas porque el colegio no tenía dinero y la Consejería no se lo daba".
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