Tenerife Sur
PILAR DÍAZ ROMÁN *

El conflicto del Valle de Güímar tiene solución


26/nov/02 19:23 PM
Edición impresa

LA POSIBILIDAD de que con la presentación de un papel en el Servicio de Minas de la Dirección General de Industria del Gobierno de Canarias arrebatara de la noche a la mañana las propiedades de doscientos agricultores y propietarios de los Barrancos de Güímar abrió hace tres años un grave conflicto social que, lejos de resolverse, apunta a escenarios más complejos.

El papel que altera el derecho de propiedad de los doscientos agricultores y propietarios se deriva de una interesada y errónea interpretación de los efectos de un Decreto de ámbito nacional de 1995 que, conforme a la Ley de Minas autorizó la reclasificación de áridos. Pero la norma, que tiene una mera finalidad económica y está pensada para ser aplicada a territorios continentales, si se combina con la posibilidad de solicitar una concesión directa sobre cuadrículas mineras en un territorio pequeño e insular como Canarias, resulta desastrosa. Aunque, por ser contrarias a derecho, se espera que no prosperen las cuatro solicitudes presentadas para explotar mediante una concesión directa, consciente de esa realidad y de los disparates que la interpretación de la reclasificación de áridos acarrearía en Canarias, a instancias de la Plataforma en Defensa del Valle de Güímar, en noviembre de 1999 el Parlamento de Canarias aprobó por unanimidad una proposición no de ley en la que solicitaba al Gobierno de Canarias que no autorizara la reclasificación de áridos y que elaborase un Plan de Ordenación Especial para el área de Los Barrancos de Güímar.

Acogidas a la injusta y errónea interpretación de la legislación, los papeles se presentaron en el Servicio de Minas y los doscientos agricultores y propietarios afectados por las cuatro solicitudes de reclasificaciones de áridos constituidos en una Plataforma hemos denunciado esa manifiesta distorsión de la norma y reclamado nuestros derechos ante la Dirección General de Industria del Gobierno de Canarias y ante los Juzgados de lo Contencioso Administrativo, a la espera de que se imponga el sentido común, y se garantice el respeto a nuestros legítimos derechos.

La petición de tutela al Gobierno de Canarias y a la Administración de Justicia es el cauce normal para la defensa de nuestras propiedades, y, lo lógico sería que con la actuación de las dos instancias se resolviera nuestro problema. Pero aquí nos encontramos con un deplorable Servicio de Minas que incurre en gravísimos errores en nuestro perjuicio, lo que nos ha llevado a multiplicar nuestras peticiones de tutela a la Administración de Justicia.

La Plataforma asume que la lentitud de la Administración de Justicia demorará su pronunciamiento sobre nuestros recursos, pero, en cambio, no comprende y se queja de la actitud del Servicio de Minas de la Dirección General de Industria del Gobierno de Canarias y de la negligente y desatenta actuación de la Consejería de Política Territorial que ha propiciado un silencio administrativo en perjuicio de los agricultores y propietarios del barranco de Güímar. Somos conscientes de la falta de medios del Servicio de Minas de la Dirección General de Industria del Gobierno de Canarias, donde antes hubo hasta 22 funcionarios, en la actualidad, en Tenerife, apenas quedan 3. La Plataforma lo considera totalmente desbordado, pero consideramos que no le exime de sus responsabilidades, y no le exonera de la dejación de funciones a la hora de tramitar expedientes y de verificar si la realidad se corresponde con los papeles, otorgando licencias de extracciones en canteras totalmente agotadas, sobre las que años antes ya decidió su caducidad.
Ha sido precisamente un colosal error del Servicio de Minas, al autorizar la explotación de un yacimiento de áridos, el denominado Llano 2, explotado clandestinamente, ya agotado, lo que nos ha determinado a salir de nuevo a la opinión pública buscando alternativas que en un futuro no muy lejano nos devuelvan la tranquilidad y la paz que nos arrebataron los intentos de reclasificación de las concesiones mineras abriendo el paso a que cuatro personas sin escrúpulos emplearan truculencias mediante interpretaciones interesadas de la ley con el frívolo e inmoral propósito de desposeernos "legalmente" de nuestras propiedades.
Tampoco comprendemos que en la tramitación de expedientes en el barranco de Güímar la Consejería de Política Territorial del Gobierno de Canarias haya incurrido en silencio administrativo, pues denota una falta de sensibilidad social y política, ya que no sólo se ignora a la Plataforma en Defensa del Valle de Güímar, sino también el significado del acuerdo del Parlamento de Canarias.
Los agricultores y propietarios del Valle de Güímar vivimos desde hace tres años en un permanente desasosiego por la reclasificación de áridos, y hemos hallado la vía que puede devolvernos la tranquilidad: que, en lo sucesivo, el Consejo de Ministros tenga en cuenta las especificidades canarias a la hora de fijar los criterios de clasificación de los yacimientos minerales y demás recursos geológicos.
Una adecuación de la realidad canaria en la legislación básica del Estado abrirá demás un marco jurídico más seguro para la necesaria Ley de Minas de Canarias.
La Plataforma en Defensa del Valle de Güímar ha presentado mociones e instancias ante el Ayuntamiento de Güímar, el Cabildo de Tenerife, la Delegación del Gobierno en Canarias, el Gobierno de Canarias y el Parlamento de Canarias para que se dirijan al Ministerio de Ciencia y Tecnología y al Consejo de Ministros con el fin que adecue la legislación básica del Estado sobre clasificación de yacimientos minerales y demás recursos geológicos al territorio canario.

* Presidenta de la Asociación en Defensa del Valle de Güímar

PILAR DÍAZ ROMÁN *