El Consejo de Gobierno aprobó ayer la Ley de los Transportes de Canarias, que faculta al Gobierno para participar en la planificación y gestión de las infraestructuras portuarias y aeroportuarias.
Así lo anunció ayer el portavoz del Ejecutivo, Pedro Quevedo, quien informó de los aspectos "peculiares de la ley", como su carácter "multimodal".
"Se aplica a los transportes terrestres y marítimos y se trata de que la administración canaria esté presente en la planificación y gestión de las infraestructuras portuarias y aeroportuarias", dijo.
Otro de los aspectos novedosos de la norma es que "enfoca al sistema de transporte como un servicio público esencial, lo que permitirá solicitar la corresponsabilidad en su financiación a la administración del Estado como a la europea", anunció.
La ley garantiza para los servicios de transporte público regular "unos mínimos que habrán de prestarse si la iniciativa privada no los cubre, concepto que se interpreta como obligación de servicio público en determinados ritmos y frecuencias en el transporte entre las distintas Islas".
Quevedo destacó la importancia del transporte en Canarias, ya que es un elemento de cohesión y de desarrollo social y económico para este territorio fragmentado "y diferente a los continentales".
Añadió que tras los trabajos desarrollados para la elaboración del Libro Blanco del Transporte en Canarias, con esta ley se define "una auténtica política de transporte para las islas, que tienen que ser necesariamente diferenciada a la del Estado porque el Archipiélago es diferente en este asunto".
A juicio de Quevedo, con esta ley se superan los déficit que en este ámbito tiene la legislación estatal, "que no está en condiciones de contemplar de forma integral los problemas de Canarias".
Destacó los "elogios" manifestados por el Consejo Consultivo sobre esta norma, de la que ha destacado, dijo, "que es la primera vez que se desarrolla en el Estado una ley integral de los transportes fundamentada en la multimodalidad".
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