Carroñeros de la política

ME PROMETÍ que no dejaría pasar la cosa cuando los tribunales emitieran el fallo. Y la sentencia ya está en la calle sin que nadie le dé la importancia que realmente tiene. Es más, parece que ha pasado sobre la opinión pública sin apenas notarse cuando ha debido levantar un movimiento de indignación que conmoviera los cimientos de este pueblo, que una vez fue noble, hidalgo, heroico, caritativo, generoso, solidario, justo y siempre ha reconocido el auténtico valor de sus buenas gentes, como deplorado los malos comportamientos y castigado, con el desprecio y la marginación, a quienes no merecen ser hijos de esta tierra y esta ciudad. En reconocimiento a esos principios, Santa Cruz lleva en su escudo los blasones que todos conocemos y por los que nos enorgullecemos. Pero los tiempos corren y nadie se molesta en echar una mirada a la historia que queda atrás. Por eso, quizás proliferan los malhechores en todos los terrenos y, como en una carrera sin freno, la categoría de la maldad traspasa todos los límites. Es el caso de la acción carroñera que alguien quiso llevar a cabo contra el ex presidente del Partido Popular en Tenerife, Guillermo Guigou.

Recuerdo que la orden oficial de sólo citar las iniciales de los apellidos de los protagonistas de sucesos en las informaciones periodísticas tuvo su fundamento en que, si se trataba de delincuentes, sobre todo jóvenes, se les ponía una mancha en el historial que podría perjudicarles si el violador de la Ley se reinsertaba en la sociedad. Es loable la intención, pero estimo que algunos delincuentes ni son merecedores de que se les borre esa mancha, ni deben ser admitidos por la sociedad y lo justo sería mencionar nombres y apellidos para que todos los conocieran y huyeran de seguir su ejemplo. La sentencia de ese caso en que Guillermo Guigou y su familia fueron vilmente calumniados, con falsificación de partes médicos y denuncias de hechos inexistentes, no pone, al menos en la versión facilitada a los medios informativos, sino el nombre y dos iniciales. Rafael L.P., de 50 años de edad, ha sido juzgado, según la sentencia, por un delito de falsificación de documento oficial, y debe cumplir un año de prisión, inhabilitación para el derecho de sufragio en el tiempo de la condena y multa de seis euros diarios durante ocho meses.

Eso es, simplemente, lo que debe cumplir quien comete no un delito cualquiera cuya cuantificación económica o daños materiales o humanos puedan, acaso, tener una justificación en la acuciante necesidad, en venganzas o en arrebatos, sino quien, carroñeramente, causa el mayor daño moral a toda una familia. Es obvio que esa ley, como muchas, se queda corta. El sujeto se hizo con un parte médico y lo manipuló para hacer constar que la esposa de Guigou había sido objeto de agresiones por parte de su marido. Lo más absurdo y realmente inexplicable en un proceso judicial de esta clase es que el acusado declare que actuó para otras personas, las cuales, según se supo, "no cumplieron su compromiso". ¿Y por qué no se dice qué personas son? ¿No son también delincuentes por inducir al delito? ¿Y por qué no se aclara cómo se obtuvieron los documentos que falsificó el acusado? Muchas cosas quedan turbias en esta cobarde e incalificable acción. Sólo está claro la vileza de unas personas capaces de tales bajezas.