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El Gobierno reformará la ley para que los terroristas tengan que cumplir su pena

El ministro de Justicia, José María Michavila, afirmó que las propuestas que el Ejecutivo llevará al Parlamento el próximo mes de febrero y que negociará con todos los grupos políticos están encaminadas a lograr que "el principio constitucional al derecho de reinserción no sea el derecho de los etarras a reincorporarse al terrorismo".

EFE, Madrid
24/dic/02 21:09 PM
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El ministro de Justicia, José María Michavila, anunció ayer que el Gobierno impulsará un conjunto de reformas legales para que los terroristas tengan que cumplir sus penas y no disfruten de beneficios penitenciarios si no renuncian a la actividad por la que fueron condenados.

Michavila, en declaraciones a los periodistas en el Congreso, afirmó que las propuestas que el Gobierno llevará al Parlamento en febrero y que negociará con todos los grupos políticos están encaminadas a lograr que "el principio constitucional al derecho de reinserción no sea el derecho de los terroristas a reincorporarse al terrorismo".

Según el ministro, esta reforma legal que "tenemos ya estudiada" pretende "evitar que la Constitución sirva de excusa" para que los terroristas vuelvan a ejercer esta actividad criminal una vez condenados.

"Algunos han entendido que la reinserción social consiste en la reincorporación de los terroristas al terrorismo y eso no puede ocurrir en nuestro Estado de Derecho", arguyó Michavila, quien ayer compareció en la comisión de Justicia e Interior del Congreso.

El propósito del Gobierno es que la reducción de la pena por beneficios penitenciarios no se calcule sobre el máximo de cumplimiento, que la ley fija en 30 años, sino sobre el total de la condena impuesta en la sentencia. El ministro precisó que las nuevas medidas obligarán a modificar el Código Penal, la ley de Enjuiciamiento Criminal y la ley General Penitenciaria.

Michavila expresó la necesidad de llevar a cabo estas modificaciones en el ordenamiento jurídico después de que el Gobierno, a instancias del Congreso, haya pedido la ilegalización de Batasuna, y de que se hayan aprobado otras medidas, como la ley de Partidos Políticos o la definición de la violencia callejera como delito de terrorismo.