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El comité de expertos deja en manos del Gobierno la regulación de la residencia

El foro de especialistas en demografía, derecho y economía presentó ayer las conclusiones de sus estudios, en los que dice que Canarias tiene a su disposición instrumentos jurídicos para regular sobre el trabajo de los foráneos y hacer frente al aumento de población en las Islas.

EFE, Las Palmas
24/dic/02 16:31 PM
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Canarias tiene a su disposición instrumentos jurídicos suficientes para regular la residencia y el trabajo de los foráneos, con el fin de hacer frente al aumento de población que ha experimentado en los últimos años, aunque corresponde a los poderes públicos decidir cómo articularlo.

Esa es una de las conclusiones del Comité de Expertos sobre Población e Inmigración en Canarias, que culminó ayer la elaboración de un análisis del incremento de los habitantes del Archipiélago, un fenómeno que se ha acentuado a partir de 1996 por el desarrollo económico que han experimentado las Islas.

El comité, creado a instancia del presidente canario, Román Rodríguez, está formado por expertos en demografía, derecho y economía, entre ellos el letrado Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón; el magistrado y ex fiscal general del Estado Eligio Hernández, y el rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Manuel Lobo.

Al término de una reunión, Lobo, presidente del comité, afirmó que en las legislaciones comunitaria, española y canaria "existen instrumentos jurídicos adecuados para ordenar y regular la residencia y el trabajo de los extranjeros en Canarias".

Esos instrumentos jurídicos son el artículo 299.2 del Tratado de Amsterdam, el 150.2 de la Constitución Española y el 37.1 del Estatuto de Autonomía, dijo Lobo.

A juicio del comité, la Comunidad Autónoma, con la base de la especificidad, la lejanía, la fragilidad y la estanqueidad de su territorio, puede obtener del Estado la delegación de las competencias sobre la residencia, el trabajo e incluso el control de sus fronteras.

Delegación de competencias

El comité, señaló Lobo en una rueda de Prensa, considera que con una delegación de competencias se podría evitar "una fricción permanente entre los diferentes entes con competencia en el asunto".

Lobo, no obstante, rechazó emitir un pronunciamiento del comité sobre la posibilidad de limitar o favorecer la residencia en las Islas, y subrayó que eso corresponde "a los entes políticos".

"Lo que se plantea es la posibilidad de que el Gobierno y el Parlamento puedan ordenar y regular la residencia. Tampoco me gustaría que sacaran una impresión que vaya más allá de estas palabras", argumentó.

Afirmó que la situación es más "preocupante" en las islas orientales "y algo también en Tenerife", sobre todo por la saturación de los servicios públicos, con especial incidencia en la sanidad y la educación.

La gran afluencia de foráneos, tanto regulares como irregulares, genera problemas sociales y su efecto "se nota claramente" en el mercado de trabajo, aunque también conlleva elementos positivos, manifestó.