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A la cárcel por la vía rápida

La reforma aprobada ayer por el Consejo de Ministros afecta, entre otros, a los "habituales" de los robos, a bandas organizadas y a los acusados de violencia doméstica.

COLPISA, Madrid
11/ene/03 14:10 PM
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El Gobierno pretende acabar con el manido aforismo de que un delincuente entra por una puerta del juzgado y sale por la otra con una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que establece la prisión preventiva automática para los detenidos habituales y reincidentes.

El Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de reforma de la prisión provisional que endurece este castigo para acabar con los nada inusuales casos de malhechores que han hecho de los pequeños delitos su forma de vida, pero que nunca van a la cárcel.

El ministro de Justicia señaló que un criterio para que un delincuente entre en prisión sin más trámite es que sea un "habitual" de los robos, hurtos, tirones, sustracción de carteras, acciones que no conllevan penas mayores de tres años de reclusión y que, con la legislación actual, no acarrean la prisión preventiva aunque su autor acumule, en ocasiones, hasta más de cien detenciones por este motivo.

Otra condición que conduce al ingreso automático en la cárcel es que el malhechor pertenezca a "una banda organizada", ya sea para alteraciones del orden público, tráfico de coches, de drogas, de seres humanos, proxenetismo, estafa o falsificaciones. Con la normativa vigente, quien incurra en estos tipos delictivos no pasa a prisión provisional salvo que la pena prevista para su acción supere los dos años. La reforma pretende que en cuanto se pruebe la pertenencia a una banda se ordenará la reclusión inmediata.

Dos criterios más son el de la reincidencia, para evitar la comisión de nuevos delitos por aquellos imputados en una causa que no comparecen en el juicio, y para los acusados de violencia doméstica, tanto en los supuestos de agresiones y lesiones como en los de amenazas y coacciones. También se aplicará la prisión preventiva para los condenados por violencia doméstica que, una vez cumplida la pena, violen alguna medida cautelar, como el alejamiento de su víctima.

Michavila explicó que el anteproyecto, como "está cargado de sentido común" y "muy bien pensado", cuenta con un respaldo abrumador, el 94%, de los grupos parlamentarios del PP, PSOE, CiU y Coalición Canaria.