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La reforma de la Ley canaria del Menor invade el ámbito judicial

El Gobierno se reserva la potestad de decidir qué jóvenes pasarían a ocupar los nuevos centros de régimen semiabierto, empleando para ello la calificación de "menor en conflicto social", un término utilizado en el argot técnico pero carente de significado jurídico.

EL DÍA, S/C de Tenerife
21/ene/03 22:16 PM
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La reforma de la Ley de Atención Integral al Menor que proyecta el Gobierno de Canarias establece la posibilidad de que la Administración autonómica determine, sin resolución judicial de por medio, el internamiento de los menores en centros semiabiertos, arrogándose competencias que chocan de lleno con lo dispuesto por la Constitución de 1978. El texto constitucional establece en el artículo 25 que "la administración civil no podrá imponer sanciones que, directa o subsidiariamente, impliquen privación de libertad".

El objetivo de la Dirección General de Protección del Menor y de la Familia es derivar a un nuevo tipo de centros, dotados de rejas, personal de seguridad y atención psiquiátrica, a los menores que alteren el orden en los centros de protección convencionales, donde el ordenamiento vigente impide dichas medidas. El Gobierno se reservaría la potestad de decidir qué menores son susceptibles de ingreso. Para ello bastaría que fueran considerados "en conflicto social", un término habitual en la jerga técnica, pero carente de contenido jurídico alguno.

La Ley Orgánica de Responsabilidad Civil de los Menores, aprobada por las Cortes en 2000, indica que la competencia de determinar el internamiento en régimen cerrado, semiabierto, abierto, terapéutico o ambulatorio corresponde al juez de Menores. A las comunidades autónomas les reserva la ejecución de las medias impuestas, si bien la autoridad judicial tiene la obligación de ejercer una labor de control.

La propia ley autonómica de Atención Integral recuerda que las competencias administrativas en materia de menores se limitan a actuar en casos de riesgo y desamparo y a ejecutar las medidas acordadas por los órganos judiciales.

Los planes del Gobierno apuntan a la creación de dos centros, uno en Tenerife y otro en Gran Canaria, con una capacidad de entre doce y quince plazas cada uno. Contarán con elementos físicos que impidan la salida de los internos, que sólo podrían abandonarlo para participar en actividades programadas.

La intención de la Dirección General de Protección del Menor es delegar la gestión en la fundación Obelén, con sede en Guadalajara y que desarrolla su trabajo en Valencia y Castilla-La Mancha.