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Lanzarote continuará trasladando menores inmigrantes a otras Islas

La Corporación insular conejera planteó ayer un desafío al Gobierno canario, que lo ha denunciado ante la Justicia, y a los cabildos de Tenerife y Gran Canaria, que tendrán que asumir a quienes se presenten en las sedes de la Dirección General de Protección del Menor.

EL DÍA, S/C de Tenerife
31/ene/03 22:49 PM
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La decisión del Cabildo de Lanzarote de enviar menores inmigrantes a otras Islas sin autorización judicial o de la Comunidad Autónoma ha abierto un conflicto sin precedentes que, de no mediar acuerdo, corre el riesgo de dirimirse en el ámbito de la justicia. La Dirección General de Protección del Menor del Gobierno de Canarias presentó ayer en los juzgados de Santa Cruz de Tenerife la segunda denuncia contra la administración lanzaroteña, a la que acusa de abandono de menores. La primera, por el mismo motivo, se registró la semana pasada. Mientras, la Corporación conejera afirma con rotundidad que obra conforme a derecho y anuncia que continuará con la política de traslados a Tenerife y Gran Canaria.

El consejero de Asuntos Sociales del Cabildo lanzaroteño, el socialista Juan Félix Eugenio, señaló ayer que los traslados dieron comienzo el pasado mes de octubre, como consecuencia de una decisión aprobada por el pleno. Hasta la fecha se han registrado un total de 33 casos.

La forma de proceder de las autoridades lanzaroteñas es sencilla: un trabajador del Cabildo acompaña a un grupo de menores, en avión o barco, a Santa Cruz de Tenerife o Las Palmas de Gran Canaria. Una vez en la ciudad de destino se dirigen a la sede de la Dirección General de Protección del Menor, donde les deja a cargo de la administración autonómica.

La Dirección General se ve en la obligación de enviar a los menores a los centros de acogida, gestionados por los cabildos. No obstante, tanto el vicepresidente del Cabildo de Tenerife, José Manuel Bermúdez, de CC, como la directora de la Unidad del Menor de la Corporación tinerfeña, Begoña Martínez, indicaron ayer que se han dado casos en los que los menores se han quedado completamente solos, como cuando se ha realizado el traslado en fin de semana y se han encontrado con la sede cerrada.

El Cabildo de Lanzarote asegura que su manera de proceder respeta la legislación y se apoya en diversos informes jurídicos. Eugenio subrayó ayer que el artículo 172 del Código Civil determina que la Comunidad Autónoma es la responsable de la tutela de los menores en situación de desamparo, al tiempo que se refirió al acuerdo suscrito en 2002 entre el Gobierno de Canarias y los cabildos para redistribuir a los jóvenes inmigrantes en función de unos cupos asignados a cada Isla.

Los lanzaroteños entienden que en la actualidad superan con creces el 11 por ciento de cupo acordado, por lo que el Gobierno de Canarias tiene el deber de redistribuirlos entre los centros de menores del resto del Archipiélago. Según Eugenio, atendiendo a los cupos a su Isla le corresponden 22, menos de la mitad de los que acoge actualmente.

El consejero socialista subrayó que el problema de los menores inmigrantes radica en la falta de solidaridad de islas como Tenerife y en la incapacidad del Gobierno estatal del Partido Popular para hallar una solución al problema.

El director general de Protección del Menor, Francisco Candil, de CC, criticó ayer la simpleza de los argumentos del Cabildo y aseguró que el Gobierno seguirá denunciando ante la justicia todos los traslados que se realicen sin el consentimiento de la Comunidad Autónoma o los jueces. Añadió que otras islas sufren los mismos problemas de saturación que Lanzarote y no por ello obran de forma ilegal.

Candil dijo que su departamento viene detectando desde hace tiempo casos puntuales de traslado de menores desde Lanzarote, que no han afectado sólo a Tenerife y a Gran Canaria, sino incluso a La Gomera.

El Cabildo tinerfeño ha anunciado que presentará una denuncia contra su homólogo conejero, que se sumará a las de la administración autonómica. Bermúdez quiso dejar claro que en el origen de la misma no se encuentra una actitud insolidaria, habida cuenta que Tenerife está dispuesta a acoger a los menores inmigrantes que le corresponsan, sino la reacción ante una ilegalidad que se limita a trasladar un problema de un sitio a otro sin darle solución.

El Cabildo de Gran Canaria, otro de los grandes afectados por el conflicto, no ha reaccionado. La corporación grancanaria informó que sus servicios sociales no tienen conocimiento de la llegada de menores de forma ilegal, al tiempo que remitió al Gobierno canario, como responsable de la tutela, para cualquier consulta.

Información administrativa

El proceso convencional de redistribución de menores se ha basado hasta la fecha en el intercambio de informaciones entre el Gobierno de Canarias y los cabildos y entre las administraciones insulares entre sí. Los cabildos informan a la Dirección General de Protección al Menor y a sus homólogos de los casos con los que cuenta para, mediante un acuerdo consensuado, realizar los traslados.

La ley no establece diferencias entre menores españoles y menores inmigrantes, existiendo idéntico procedimiento para situaciones de desamparo.

Coincidiendo con la polémica, el Cabildo tinerfeñó informó ayer que a lo largo del año pasado atendió a 65 jóvenes dentro del programa de preparación para la emancipación, destinado a jóvenes en situación de acogida que han cumplido 16 años. El proyecto cuenta con tres pisos y un plan de inserción laboral.