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El Gobierno regula las sanciones a los centros de atención a menores

El decreto elaborado por la Consejería de Asuntos Sociales, y que ahora deberá avalar el Consejo Consultivo, establece una serie de medidas provisionales para evitar que las organizaciones o personas jurídicas encargadas de la tutela de este colectivo atenten contra sus derechos básicos.

EL DÍA/EFE, S/C de Tenerife
1/feb/03 14:10 PM
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El Consejo de Gobierno aprobó ayer la remisión al Consejo Consultivo del decreto que regulará las sanciones en materia de atención a menores en las Islas.

Una vez sea aprobada definitivamente, esta norma desarrollará la Ley de Atención Integral a Menores de 1997 y que aplicará un cuerpo de policía administrativa para defender los derechos de este colectivo.

Así lo anunció ayer el portavoz del Ejecutivo regional, Pedro Quevedo, quien informó de que los órganos competentes para el ejercicio de la potestad sancionadora establecida en el citado decreto serán, por un lado, la Viceconsejería de Asuntos Sociales, en el caso de que las infracciones se consideren leves y graves, y el consejero de Empleo y Asuntos Sociales, para las muy graves.

El decreto establece una serie de medidas provisionales que deberán adoptar por estos dos órganos competentes en los casos en los que sea necesario articular medidas que eviten que la causa que se está juzgando a través del procedimiento sancionador ya en marcha se prolongue en el tiempo.

Entre estas medidas, Quevedo citó la "suspensión provisional de las ayudas o subvenciones concedidas por la administración a personas físicas o jurídicas relacionadas con el procedimiento sancionador, y el cierre total o parcial del centro u hogar de atención a menores que pueda haber cometido una infracción".

Suspensión provisional

La suspensión provisional del reconocimiento como entidad colaboradora a la organización que supuestamente haya incurrido en una infracción es otra de las medidas contempladas en el decreto.

El portavoz explicó que cuando la infracción se trate de la venta, suministro o dispensación de productos o bienes prohibidos a menores, los órganos competentes podrán acordar el cierre provisional de los establecimientos o espacios en los que se haya cometido.

"Lo que no es razonable es que el proceso sancionador esté en marcha mientras el objeto de la sanción se continúa produciendo", apostilló.

Cuando se estime que los hechos que motivan la apertura de un procedimiento sancionador contra una organización sean constitutivos de un ilícito penal, el órgano competente de su resolución lo podrá paralizar hasta que haya un pronunciamiento judicial, tras haber sido puesto en conocimiento del Ministerio Fiscal.