Santa Cruz de Tenerife
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El ayuntamiento pretendía cobrar impuestos a unas viviendas que habían sido derribadas

La corporación ha embargado las cuentas del Patronato Benéfico de La Candelaria , organismo del que es miembro, por no pagar durante 5 años el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) correspondiente a unas edificaciones que ya no existían durante ese período.

MARTÍN/MERINO, S/C de Tenerife
2/feb/03 22:56 PM
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Las cuentas del Patronato de La Candelaria, organismo oficial dedicado a la construcción de viviendas de carácter social, fueron embargadas el pasado 16 de enero por parte del departamento de recaudación ejecutiva del Ayuntamiento de Santa Cruz, perteneciente al área de Economía y Hacienda.

Según pudo saber EL DÍA de fuentes cercanas a la operación, el patronato debe oficialmente a la administración local una cantidad de unos 375.000 euros, una deuda correspondiente al impago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de varias viviendas durante cinco años, un hecho que ha motivado el inicio del expediente para cobrar el dinero por esta vía.

Se da la circunstancia, además, de que estas viviendas habían sido ya derribadas cuando se comenzó a acumular la deuda, aunque no habían sido dadas de baja ante la corporación municipal.

Participación a 4 bandas

A estos hechos se añade la circunstancia de que el propio ayuntamiento que ha utilizado la vía ejecutiva y que ha tramitado el embargo de las cuentas forma parte del Patronato de La Candelaria, en cuya gestión participa, junto al Cabildo, al Gobierno de Canarias y al Estado.

Las obligaciones que deberá asumir el referido organismo a lo largo de los próximos meses, en los que se culminará de forma definitiva a su actividad, hace necesario que la situación se desbloquee cuanto antes.

De hecho, la próxima semana, tendrá lugar una reunión sobre el patronato en la que estarán presentes todas las partes y en la que se tratará el problema de la deuda, según fuentes de la Subdelegación del Gobierno.

A este respecto, el coordinador general de la corporación municipal, Manuel Parejo, explicó ayer que se trata de un procedimiento administrativo normal y que se procederá a contrastar la demolición de las viviendas durante esos años para paralizar el expediente.