Sucesos

Absuelven a dos narcotraficantes porque las pruebas inculpatorias fueron obtenidas ilícitamente


EFE, Madrid
11/feb/03 10:00 AM
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El Tribunal Supremo ha absuelto a dos acusados en relación con una operación de narcotráfico al estimar que durante las declaraciones en las que reconocieron su participación se les interrogó sobre datos que fueron obtenidos de manera ilícita.

En una sentencia de la Sala de lo Penal, el Supremo anula la condena que impuso la Audiencia de Barcelona a F.C.L. de diez años de cárcel y de dos años a A.G.G en relación con el traslado a España de 30 kilogramos de cocaína desde Colombia en 1995.

La Audiencia absolvió al resto de los acusados al ser declaradas nulas muchas de las diligencias judiciales durante la instrucción como entradas y registros e intervenciones telefónicas, aunque dictó una sentencia condenatoria sobre los mencionados al dar validez a sus declaraciones, en las que el primero aceptó haber intervenido en la importación de la cocaína decomisada y el segundo que las armas intervenidas estaban en su domicilio.

El Supremo considera que "toda la información relevante, incluida la que sirvió de base para que se pudiera formular las preguntas que dieron lugar a las declaraciones autoinculpatorias fue obtenida merced a la vulneración de los derechos fundamentales".

Añade que "no es, en absoluto, realista suponer que los interrogados, de haber sido conscientes de que tenían a su alcance la absolución con sólo negar la existencia de la droga, no se hubieran decantado por ello".

La sentencia especifica que cuando se declaran diligencias inconstitucionalmente ilegítimas se impide que "éstas puedan producir el efecto de ser usadas como premisas de razonamiento probatorio, lo que hace imposible el empleo de las mismas para llegar a un resultado inculpatorio". La sentencia incorpora el voto particular del magistrado Andrés Martínez Arrieta, al que se adhiere Miguel Colmenero, en el que explica que debía haberse dado validez a sus declaraciones y por tanto, haberlos condenado.

Consideran que la sentencia contradice la doctrina que viene manteniendo el Supremo en el sentido de que "la confesión es una prueba independiente de la nulidad de intervenciones telefónicas o de entradas en registros".

Los magistrados sostienen que "la confesión del acusado es una prueba independiente de la declarada nula por vulneración de derechos fundamentales" y recuerdan que los imputados las realizaron asesorados de sus derechos.