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Un empresario deberá demoler una nave industrial en El Rosario que levantó sin licencia

La sentencia dice que el acusado hizo caso omiso a la orden de paralización de la obra en tres ocasiones y que en 1993 sólo tenía una autorización para colocar una malla metálica en una finca de 1.000 metros cuadrados, pese a lo cual siguió con la edificación en un terreno rústico.

EL DÍA, S/C de Tenerife
16/feb/03 10:00 AM
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El Juzgado de lo Penal número Cinco de la Capital ha condenado a Juan Ramón J.J. a penas que suman 13 meses de prisión, una multa de 2.190 euros, inhabilitación para ejercer cualquier profesión relacionada con edificación de obras por un año, así como a demoler una nave industrial que construyó en Llano del Moro (El Rosario) sin tener licencia para ejecutar dicha obra y desobedeciendo los mandamientos de paralización del ayuntamiento en tres ocasiones.

En un apartado se dice que "el acusado es autor del delito urbanístico que se le imputa, el cual puede ser cometido por cualquier persona que promueva o construya una edificación propia, siempre que lo haga en suelo no urbanizable como aquí sucede, siendo además los supuestos de autoconstrucción o autopromoción ilegales los más frecuentes en la realidad social de Canarias". Seguidamente, se hace referencia a que a que se ha obligado al legislador a dar respuesta penal ante "la indisciplina urbanística generalizada y la falta de actuación administrativa".

El permiso lo dejaba claro

En la sentencia de nueve páginas se recoge que "el acusado obtuvo una licencia para realizar unas obras menores, otorgada por el ayuntamiento de el Rosario, de fecha 7 de septiembre de 1993, para proceder al cerramiento con malla metálica de un terreno de su propiedad de unos mil meros cuadrados, sito en el camino de La Mina (primera serventía a la derecha, según se entra desde la TF - 4115 hacia el Centro Penitenciario), en el sitio del Llano del Moro".

Las condiciones puestas en la citada licencia municipal decían que la altura de las paredes que dan al camino no deben exceder de sus puntos en medio metro sobre la superficie del terreno, siendo el resto de malla metálica. El solicitante aceptó que las obras autorizadas son única y expresamente las que corresponden a cerramiento de terreno con malla metálica, sin que se autorice ninguna otra obra. El terreno en cuestión se clasificó como "suelo rústico potencialmente productivo" y así lo corroboró en la vista el alcalde de El Rosario.

El día 23 de diciembre de 1997, agentes de la Policía Local de El Rosario comprobaron que en el referido solar estaban trabajando unos operarios que habían levantado unas paredes con bloques de hormigón, de una altura de 6, 4, 3 y 2 metros, dado el desnivel del terreno, con la finalidad de construir una nave y techarla con planchas metálicas, por lo que se ordenó la paralización de los trabajos.

Por decreto de la Alcaldía de 30 de diciembre de 1997, se adoptó como medida cautelar suspender la ejecución de dichas obras y se anunciaba el precintado en el plazo de 48 horas.

Dicha resolución fue remitida por correo certificado y acuse de recibo al domicilio del acusado, haciéndose cargo de la misma una hermana suya, que firmó la notificación el 2 de enero de 1998.

La policía visitó nuevamente el lugar el 14 de enero de 1999, comprobando que se seguían haciendo obras de ampliación.

El 10 de febrero visitaron el lugar los policías acompañados de una aparejadora municipal y vieron a dos obreros en unos cuartos anexos, por lo que procedieron a colocar precintos, advirtiendo de la imposibilidad de trabajar.

El acusado presentó en el registro del ayuntamiento, el 12 de febrero de 1999 para que se le autorizara a levantar y retirar los precintos, con el fin de retirar los materiales, pero el 22 de junio de 1999, el técnico del ayuntamiento visitó el lugar percatándose de que la obra seguía ejecutándose.