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El CES confirma la dudosa legalidad de las medidas de retención de menores

Un dictamen del Consejo Económico y Social arroja serias dudas acerca de la reforma que proyecta el Gobierno de Canarias, coincidiendo con la opinión expresada el mes pasado por representantes de la carrera judicial acerca de la constitucionalidad de las actuaciones.

EFE/EL DÍA, S/C de Tenerife
22/feb/03 0:12 AM
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El Consejo Económico y Social (CES) cree que hay una injustificada precipitación en la reforma de la Ley de Atención Integral a los Menores propuesta por el Gobierno de Canarias, critica la falta de previsión financiera y duda sobre la legalidad de las medidas de retención para los menores conflictivos. El dictamen confirma las informaciones publicadas el mes pasado por este diario, en las que representantes de la carrera judicial ponían en tela de juicio la constitucionalidad de tales medidas.

Éstas son parte de las conclusiones del informe que ha elaborado el CES sobre el borrador del anteproyecto de ley de modificación de la normativa aprobada en 1997, un texto que el Gobierno regional le remitió el pasado 15 de enero. En el dictamen se indica que la precipitación con la que se ha elaborado el anteproyecto "hace difícilmente alcanzables los objetivos que se pretenden", y también critica el que no haya "un marco definido de previsión financiera y presupuestaria para el correcto funcionamiento de los nuevos dispositivos".

El CES expresa, además, sus dudas en torno a la legalidad con que se configuran las medidas de contención y retención específicas para los menores en situación de conflicto social. Considera "indispensable" una mayor concreción de las situaciones en las que serían aplicables dichas medidas y advierte de que solamente deberían ser utilizadas en caso de graves alteraciones del orden con peligro inminente para la vida y la integridad física de las personas o instalaciones. El órgano consultivo entiende que también podría utilizarse para evitar actos de violencia o lesiones de los menores, para vencer la resistencia a las instrucciones o para impedir actos de fuga.

Entiende, no obstante, que debe precisarse qué tipos de medidas especiales de contención se podrían utilizar y algunas exigencias básicas en cuanto a su duración, revisión y garantías de rehabilitación social y personal.

Además, asegura que la propuesta de que las administraciones creen grupos especializados, compuestos por equipos multiprofesionales que traten a los menores en situación de conflicto, tiene "un enorme nivel de indeterminación".

El Consejo estima pertinente que se avance en el desarrollo de los aspectos de la ley referidos a dispositivos y recursos que coordinen a las administraciones en el régimen de inspección y control. Recomienda que se evalúen las condiciones en las que se desempeñan las tareas de atención a los menores y el cumplimiento de los requisitos exigidos para la apertura y funcionamiento de servicios, hogares y centros de atención. Opina que en este ámbito "no se ha extraído toda la potencialidad" de la ley.

Otros puntos de vista

El CES puntualiza que no hay constancia de que el borrador del anteproyecto de ley haya sido sometido a la consideración de otros órganos, como la Comisión de Menores del Consejo General de Servicios Sociales, dependiente de la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales, lo que implica que se ha apartado "injustificadamente del conveniente proceso previo de debate".

El CES recuerda que, desde el punto de vista institucional, debería conocer las iniciativas legislativas del Gobierno con mayor definición, "lo que expresaría también mayor proximidad" al momento en que el Ejecutivo regional muestra "su voluntad política por actuar". Valora, además, la conveniencia de configurar un sistema público coordinado e integrador.