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Las propuestas del Parlamento sobre las Directrices pueden crear conflictos

La aplicación de las restricciones de los usos residenciales en los asentamientos rurales y, sobre todo, en los agrícolas generará situaciones complicadas para los ayuntamientos, según reconoce el Gobierno canario, que garantiza que no se suprimirán licencias urbanísticas.

EL DÍA, S/C de Tenerife
2/mar/03 16:32 PM
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Las restricciones edificatorias en los asentamientos rurales y agrícolas propuestas por el Parlamento de Canarias y que el Gobierno autónomo deberá introducir en las Directrices de Ordenación General y del Turismo, antes de remitirlas el próximo miércoles al Consejo Consultivo, podrían generar conflictos, según reconoció el coordinador del documento, Faustino García.

Las propuestas de resolución aprobadas el jueves pasado por la Cámara restringen el uso residencial en los asentamientos rurales al interior de su perímetro, mientras que en los agrícolas sólo se permitirá cuando esté justificado por su aislamiento o lejanía de los núcleos urbanos.

Asimismo, el Parlamento aboga por constreñir el uso residencial a los cascos urbanos de los municipios, con la única excepción de procesos de colmatación interior de los asentamientos rurales ya consolidados.

Estas restricciones urbanísticas van más allá de lo estipulado en la Ley de Ordenación del Territorio, donde se regula por primera vez los usos de los asentamientos agrícolas, entre ellos el residencial cuando es complementario a actividades relacionadas con el campo.

El Gobierno regional ha establecido, incluso, ayudas de autoconstrucción con condiciones edificatorias específicas para estas viviendas.

Los conflictos podrían surgir, sobre todo, en el ámbito de estos asentamientos agrícolas, porque "las restricciones pueden frustrar las expectativas de un sector de la población de las Islas", manifestó Faustino García, quien garantizó que ningún precepto de las Directrices implicará la supresión de licencias ni pérdidas de derechos.

Adaptación

Respecto a las limitaciones dentro de los asentamientos rurales, subrayó que sólo afectará a algunos planeamientos municipales, que aún no se han adaptado a la Ley de Ordenación del Territorio, y prevén ampliar los usos residenciales en suelo rústico, lo cual ya estaba prohibido.

Los ayuntamientos dispondrán de dos años, después de la entrada en vigor de las Directrices de Ordenación General, para adaptar sus planes generales. Este plazo es muy probable que no se cumpla si se tiene en cuenta que, desde el año 1999, en que se aprobó la Ley de Ordenación del Territorio, la mayoría de los municipios han sido incapaces de culminar sus planes generales. Precisamente, desde principios de este año, estos consistorios ya no pueden aprobar planes especiales o parciales.