Sucesos

Los juicios rápidos se implantarán sin financiación estatal y costarán 2.404.048 euros

Salvador Iglesias, director general de Justicia del Gobierno canario, apuntó que dicho gasto sólo cubrirá la primera fase del plan. Asimismo, desveló que los juzgados de Primera Instancia e Instrucción números 6 y 7 de Arona funcionarán el día 1 de abril.

EL DÍA, Adeje
2/mar/03 10:02 AM
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Los juzgados de Primera Instancia e Instrucción números 6 y 7 de Arona entrarán en funcionamiento el próximo 1 de abril. Así lo afirmó ayer el director general de Justicia del Gobierno de Canarias, Salvador Iglesias, quien recordó que dichos órganos judiciales forman parte de los cinco órganos creados durante el año 2002.

Iglesias asegura además que la aplicación de las medidas para poner en marcha los juicios rápidos sin financiación estatal se hará exclusivamente con recursos del ejecutivo autónomo. Estima que dichas actuaciones costarán cerca de 2.404.048 euros en una primera fase, que abarca lo que resta de año. Sin embargo, aclara que el presupuesto total aún no está completamente definido, ya que hay proyectos que todavía se están elaborando.

Las mejoras consisten, fundamentalmente, en aumentar la dotación de personal en los diferentes departamentos y establecer diversas mejoras tecnológicas.

Además de los programas concretos de apoyo para los partidos judiciales de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, el director general explica que una de las medidas será desarrollar trabajos de actualización en determinados órganos judiciales, como los de Arona, Güímar y Arrecife, entre otros.

El Gobierno canario prevé nombrar funcionarios de refuerzo para decanatos, juzgados de Lo Penal y fiscalías.

Con la finalidad de prestar los servicios de peritos e intérpretes, está tramitando diversos concursos públicos para cubrir las necesidades en todos los partidos judiciales.

Mejoras en Medicina Legal

Otra de las iniciativas consiste en un programa para pretende mejorar la medicina legal y forense, que tiene como objetivo incentivar la participación de los profesionales de este ámbito en los juicios rápidos, así como reducir el tiempo de elaboración de informes.

La administración autonómica también pidió al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) un plan de refuerzo, para que jueces en expectativa de destino desarrollen tareas de apoyo a determinados juzgados de Lo Penal e Instrucción.

Desde la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia también se quiere llegar a acuerdos con los colegios de abogados de Canarias para mejorar la asistencia letrada y del turno de oficio.

Según Iglesias, actualmente está en fase de negociación un convenio entre la Consejería de Presidencia e Innovación Tecnológica, el Instituto Canario de la Mujer y colegios de abogados para asistir jurídicamente a las víctimas de la violencia doméstica.

En relación con la dotación de medios materiales, se va a poner en marcha un sistema en red de videoconferencias en todos los partidos judiciales, para facilitar la recepción de declaraciones de testigos y peritos. En estos momentos se está tramitando el expediente para comprar 31 equipos de estas características, que costarán más de 400.000 euros.

La instalación de líneas de comunicación RDSI y el acceso directo a las bases de datos del Registro Central de Penados y Rebeldes son otras de las medidas que se aplicarán en breve.