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El TC ampara al PP vasco y considera que el Parlamento de Vitoria cercenó sus derechos

El Grupo Popular solicitó al Tribunal Vasco de Cuentas un informe - rechazado por la Mesa de la Cámara en 2000 - sobre las consecuencias legales de la decisión del Gobierno autónomo de prorrogar los presupuestos de 2000 sin presentar un proyecto de cuentas para 2001.

EFE, Madrid
5/mar/03 0:49 AM
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El Tribunal Constitucional (TC) ha amparado al Grupo Popular en el Parlamento Vasco y ha considerado que la Mesa de la Cámara cercenó arbitrariamente sus derechos al rechazar una proposición no de ley para que el Pleno debatiera las consecuencias de que el Gobierno Vasco no presentara los presupuestos para 2001.

Según informa el TC, se concede el amparo solicitado por el Grupo Popular por considerar que se han "cercenado arbitraria e indebidamente el derecho del grupo parlamentario proponente y el de los diputados que lo integran a ejercer sin traba ilegítima alguna las funciones que el reglamento de la Cámara le confiere, hurtando, además, al Pleno del Parlamento la posibilidad de debatir y pronunciarse sobre la iniciativa propuesta".

El recurso fue interpuesto por el PP vasco contra los acuerdos de la Mesa de noviembre y diciembre de 2000, anulados ahora por el TC, que rechazaron la tramitación de la iniciativa de los populares de requerir al Tribunal Vasco de Cuentas un informe sobre las consecuencias legales de la decisión del Ejecutivo vasco de prorrogar los presupuestos del 2000 sin presentar en la Cámara autonómica un proyecto de cuentas para el 2001.

El Grupo Popular alegó en su recurso ante el TC que con estos acuerdos, el del 28 de noviembre y el que lo confirmó el 11 de diciembre, la Mesa del Parlamento Vasco vulneró sus derechos fundamentales a la participación en los asuntos públicos y el acceso a los cargos públicos que proclaman los artículos 23.1 y 2 de la Constitución.

La sentencia del TC recuerda su doctrina que establece "una directa conexión entre el derecho de los parlamentarios" y el que la Constitución "atribuye a los ciudadanos a participar en los asuntos públicos".

Además, argumenta que tienen especial relevancia constitucional "los derechos o facultades atribuidos al representante que pertenezcan al núcleo de su función representativa parlamentaria, como son indudablemente, el ejercicio de la función legislativa o de control de la acción de Gobierno".