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Medio millón de comunitarios quedan exentos de los trámites de residencia

Esta semana ha entrado en vigor un decreto del Gobierno español que afecta a alrededor de sesenta mil de estas personas que residen de forma habitual en Canarias, la mitad de ellos en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

LOS DATOS
5/mar/03 0:50 AM
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Países incluidos

Los países de origen de los ciudadanos que pueden beneficiarse de la exención de la tarjeta de residencia son los que conforman la Unión Europea: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Holanda, Portugal y Suecia; los que forman parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo a pesar de no formar parte de la UE: Islandia, Liechtenstein y Noruega; y Suiza, con cuya confederación suscribió la UE un acuerdo sobre libre circulación de personas en 1999.

¿Residir sin trabajar?

El Ministerio del Interior afirma que la no realización de actividades lucrativas no es, por sí misma, impedimento para que los comunitarios residan en España. Pero seguidamente establece tres requisitos para residir de forma permanente en el caso de que se haya dejado de trabajar, de los que debe cumplirse al menos uno. El primero es "que en el momento en que cese su actividad hayan llegado a la edad prevista por la legislación española para la jubilación con derecho a pensión, habiendo ejercido su actividad durante los doce meses precedentes y residido en España durante más de tres años"; el segundo, "que hayan cesado en el desempeño de su actividad como consecuencia de incapacidad permanente para el trabajo, habiendo residido en España durante más de dos años sin interrupción"; y el tercero, "que después de tres años de actividad y de residencia continuadas en territorio español desempeñen su actividad en otro estado miembro y mantengan su residencia en España, regresando al territorio español al menos una vez por semana".

La opción de

la tarjeta

La tarjeta de residencia no es obligatoria, pero no ha dejado de tramitarse. Así, las oficinas de Extranjería informarán a los comunitarios y al resto de beneficiarios de la nueva normativa, pero expedirán las de aquellos ciudadanos que, aún sin la obligación de tramitarla, deseen obtenerla.

S. DÍAZ BRAVO, S/C de Tenerife

Los alrededor de 30 mil ciudadanos de la Unión Europea, la Confederación Suiza y los estados incluidos en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo que residen en la provincia tinerfeña, 60 mil en todo el Archipiélago, pueden ahorrarse a partir de esta semana el engorroso trámite de solicitar la tarjeta de residente y renovarla periódicamente. El lunes entraba en vigor el Real Decreto 178/2003, que elimina la obligación de que cerca de medio millón de europeos que han hecho de España su residencia habitual visiten cada cinco años las dependencias de Extranjería.

Canarias, que acoge a cerca de un diez por ciento de la población comunitaria, sólo superada por Andalucía, Cataluña y Madrid, y en dura pugna estadística con Valencia, se sitúa entre las comunidades autónomas en las que la medida alcanzará una mayor repercusión.

La supresión de este trámite, anunciada en la reciente cumbre hispano-alemana de Lanzarote, tiene su origen en una declaración suscrita el 28 de julio de 2000 en la ciudad francesa de Marsella por los ministros del Interior de Francia, Alemania, Italia y España. El documento comprometió a los cuatro gobiernos a suprimir la obligación de poseer una tarjeta de residencia en determinados supuestos.

En el caso español, los supuestos contemplados, vigentes desde esta semana, dejan bien claro que los familiares de europeos que estén nacionalizados en un tercer país no estarán exentos de hacer cola en las oficinas de Extranjería. Otra limitación, con escasos visos de poder aplicarse, es la obligación de trabajar por cuenta propia o ajena, cobrar jubilación o pensión o estudiar.

Los comunitarios "inactivos", eufemismo que utiliza el Ministerio del Interior, legalmente deben seguir solicitando la tarjeta de residencia, aunque para quedar exentos bastará con que cuenten con un familiar directo residiendo en España.

Bien el pasaporte en regla, bien el documento nacional de identidad de su país, son a partir de ahora documentos más que suficientes para que la colonia comunitaria realice cualquier gestión u operación ordinaria, desde la compra de un inmueble hasta la expedición del permiso de circulación o una simple gestión bancaria.

La legislación establece que el pasaporte y la tarjeta de identificación también habilitarán a los comunitarios para participar en las elecciones municipales de la localidad española donde se hayan establecido, así como en las del Parlamento Europeo.