Canarias

El Consultivo pone numerosos reparos a la ley de Directrices

El presidente del Consejo Consultivo, Antonio Doreste, afirmó ayer que el dictamen, que se redactará hoy, sobre el anteproyecto de Ley de Artículo Único será positivo, pero aportará observaciones importantes.

CARLOS VEGA, S/C de Tenerife
18/mar/03 16:33 PM
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El presidente del Consejo Consultivo de Canarias, Antonio Doreste Armas, manifestó ayer que el dictamen que elabora este órgano sobre el anteproyecto de Ley de Artículo Único de las Directrices de Ordenación General y del Turismo será de índole positivo, pero que incluirá "numerosos reparos" a los aspectos urbanísticos y modificaciones legales que regula el documento elaborado por el Ejecutivo autónomo.

Doreste, en declaraciones a EL DÍA tras culminar ayer el pleno del Consejo Consultivo, indicó que se decidió introducir observaciones sobre todas las disposiciones adicionales y transitorias que recoge el texto normativo.

El presidente del Consultivo aclaró que el dictamen está aún sin redactar, lo cual se hará hoy, e insistió en que se incluirán "muchas apreciaciones", las cuales prefirió no desvelar.

El dictamen del Consejo Consultivo será remitido al Ejecutivo canario mañana, con el fin de poder aprobar el anteproyecto de ley en el Consejo de Gobierno que se celebrará el jueves y poder trasladarlo al Parlamento la próxima semana.

El documento, que también tendrá que ser analizado por el Consejo Económico y Social, contempla siete disposiciones adicionales y cinco transitorias.

Desclasificación de suelos

El anteproyecto ya generó polémica cuando fue presentado por el presidente canario, Román Rodríguez, al establecer la desclasificación de los suelos turísticos sin plan parcial o que hayan incumplido sus deberes urbanísticos.

Pero esta disposición adicional no es la única medida de la futura ley que se dirige a disminuir la presión urbanística sobre el territorio canario. Otras dos se refieren a aspectos similares.

Se establece la caducidad de las autorizaciones previas que se tramitaron antes de la denominada ley de moratoria, que entró en vigor el 26 de julio de 2001, y suspenderá, además, todas las licencias urbanísticas y proyectos de urbanización que no hayan ejecutado las obras en el plazo de dos años.