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El Supremo ilegaliza Batasuna

El fallo fue hecho público por el presidente de la Sala Especial, Francisco Hernando, y supone que el Tribunal admite las demandas de la Fiscalía y la Abogacía del Estado.

EFE, Madrid
18/mar/03 1:37 AM
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La Sala Especial del Tribunal Supremo acordó ayer por unanimidad la ilegalización y disolución de HB-EH-Batasuna al estimar que estas formaciones han vulnerado la Ley de Partidos.

El fallo de la sentencia fue anunciado públicamente por el presidente de la Sala Especial y ponente, Francisco Hernando, quien explicó que "esta decisión supone la ilegalidad de dichas formaciones políticas y, como consecuencia, su disolución y la cancelación de las inscripciones causadas en el Registro de Partidos Políticos obrantes en el Ministerio del Interior".

De esta forma, el Supremo admite "íntegramente" las demandas de ilegalización presentadas por la Fiscalía y la Abogacía del Estado, tras cuatro días de deliberaciones, por lo que la Sala no ha agotado el plazo máximo que fijaba la ley, hasta el 4 de abril, y dará a conocer la sentencia en los próximos días.

Hernando aseguró que "las deliberaciones han estado presididas por una gran altura jurídica y doctrinal, con aportaciones muy importantes en orden a la configuración de la decisión adoptada" y destacó que "se han observado todas las garantías que la Constitución y nuestras leyes, nuestro ordenamiento jurídico, establecen para las partes".

Sentencia contundente

El presidente del Supremo anunció que la sentencia, que será "clara, congruente y extensa", se dará a conocer próximamente, y que el fallo ha sido notificado a las partes media hora antes de hacerla pública ante los medios.

"Resultaría improcedente, sin estar notificada la sentencia a las partes, entrar en disquisiciones técnicas y jurídicas. He querido dar la oportunidad a todos los medios de tener la noticia al mismo tiempo", dijo Hernando.

El presidente mostró "la satisfacción de la Sala porque es producto de una decisión que se adopta conforme a la legalidad" y destacó la unanimidad de todos los miembros en el sentido de la resolución.

Los 16 miembros de la Sala Especial comenzaron a deliberar el pasado jueves, continuaron el viernes y el sábado y concluyeron ayer con el acuerdo de disolver las formaciones políticas.

Ahora, Batasuna puede recurrir ante el TC la sentencia, según la Ley de Partidos, aunque será ejecutiva desde el momento de su notificación.

En este sentido, la ley establece que "tras la notificación de la sentencia en la que se acuerde la disolución, procederá el cese inmediato de toda la actividad del partido político disuelto", y que el incumplimiento de esta disposición dará lugar a responsabilidades penales.

No obstante, Batasuna no tiene formalmente actividad como partido político después de que el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón acordara el pasado 26 de agosto la suspensión cautelar de sus actividades por un periodo de tres años en relación con el proceso penal que se sigue contra el entramado de ETA.

La decisión del Supremo se produce después de que el Tribunal Constitucional avalara la constitucionalidad de la Ley de Partidos Políticos y estableciera que no es una norma sancionadora, ni singular, porque no se ha dictado para ilegalizar a un determinado partido, ni restringe derechos fundamentales.

Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado mantuvieron que Batasuna es un complemento de ETA y que quedó demostrado con las pruebas practicadas durante el proceso que se ha seguido en el tribunal, tras la presentación el pasado 3 de septiembre de las demandas, que el tribunal acumuló finalmente.

Por su parte, Batasuna alegó que el Supremo sólo pudo acreditar que la formación abertzale no ha condenado los atentados de ETA y, en su opinión, ésta no es una causa de ilegalización, por lo que pidió que se dictara una sentencia desestimatoria.

Vigilancia de partidos

La Sala especial del Tribunal Supremo que acordó hoy la ilegalización de HB-EH-Batasuna será la encargada a partir de ahora de "declarar la improcedencia de la continuidad o sucesión" de las formaciones disueltas, según establece la Ley de Partidos Políticos.

El artículo 12 de la citada ley, que regula los efectos de la disolución judicial, señala que "se presumirá fraudulenta y no procederá la creación de un nuevo partido o la utilización de otro ya inscrito en el Registro que continúe o suceda la actividad de un partido declarado ilegal".

La Ley de Partidos explica que "corresponde a la Sala sentenciadora asegurar, en trámite de ejecución de sentencia, que se respeten y ejecuten todos los efectos previstos por las leyes para el supuesto de disolución de un partido político".