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El Parlamento canario abre la vía al proyecto para regular la educación de adultos

La comisión de la Cámara, que pretende con este texto aplicar criterios de compensación y fomentar la equidad en el ejercicio de este derecho, aprobó también ayer el dictamen sobre los Consejos Sociales de las universidades, que afectará a la composición de estos órganos.

EL DÍA/EFE, S/C de Tenerife
19/mar/03 20:12 PM
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La comisión de Educación del Parlamento de Canarias aprobó ayer los dictámenes del proyecto de ley que regula y promociona la educación y formación permanente de personas adultas en el Archipiélago, y el correspondiente a la ponencia del proyecto de ley sobre Consejos Sociales y coordinación del Sistema Universitario de Canarias.

El ámbito del primero de estos proyectos abarca la totalidad de las actividades educativas y formativas desarrolladas en Canarias, promovidas por instituciones privadas o públicas, y que tengan como destinatarios a las personas adultas.

Además, se incluyen aquellas actividades que puedan realizar las personas mayores a través del aprendizaje y que tengan por finalidad adquirir, actualizar, completar o ampliar sus capacidades y conocimientos para su desarrollo personal, social o profesional.

El debate del dictamen en la comisión contó con el apoyo de los grupos parlamentarios, aunque el socialista, a través de la diputada Carmen Hernández Hierro, defendió las enmiendas de su grupo al texto, que deberá ser aprobado definitivamente por el pleno que el Parlamento celebra la próxima semana.

Las finalidades de la ley son ordenar todo el conjunto de enseñanzas y actividades, promover con su aplicación una mayor justicia social y la igualdad en el ejercicio del derecho a la educación, impulsar la cooperación entre las instituciones y entidades públicas y privadas y consolidar y mejorar la red pública de educación y formación permanente.

En el proyecto de ley se determinan los principios de la educación y formación permanente en adultos y entre éstos se encuentra la igualdad para acceder a ello, con eficacia y calidad, el desarrollo de políticas educativas contra todo tipo de discriminación y exclusión y la adaptación a las necesidades y demandas de los individuos.

El texto señala como sus líneas programáticas las enseñanzas formales con una atención especial a las que facilitan el acceso a la titulación básica y de formación profesional específica y la formación para el empleo tanto para desempleados como para trabajadores en activo.

También se contemplan las acciones destinadas a lograr la integración de las mujeres, de las personas discapacitadas, de los colectivos en situación de desigualdad, así como de los inmigrantes y minorías culturales y a fomentar la tolerancia e intercambio con otras culturas.

Por lo que respecta a los Consejos Sociales, órganos por los que se intensifica la presencia de la sociedad en la vida universitaria, la comisión aprobó una enmienda presentada por todos los grupos parlamentarios sobre su composición, por la cual estará constituido por veinticuatro miembros; seis en representación de la comunidad universitaria y dieciocho en nombre de los intereses sociales.

Dolores Padrón, del PSOE, señaló que la enmienda buscaba más representación social en estos órganos, "de forma que puedan entrar personas de la cultura canaria, representantes de las Asociaciones de Padres de Alumnos (APA) y de empresas que tengan relación con la universidad o convenios con la misma".

También está previsto que la representación social del Consejo se renueve cada cuatro años, pudiéndose además cesar a los vocales por renuncia, incumplimiento grave de sus obligaciones, incompatibilidad y revocación de la representación que ostenta.

En el proyecto se establece la función del Consejo Social en tres categorías; de planificación, programación y promoción de los servicios prestados por las universidades, supervisión de la actividad económica e interacción con los agentes sociales, económicos y productivos.