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La Guardia Civil podría volver a custodiar las sedes judiciales de la provincia

La Benemérita ha firmado acuerdos similares con la Comunidad de Madrid, la Junta de Andalucía y el Banco de España. En Canarias, la última palabra la tiene la Viceconsejería de Justicia.

ANTONIO HERRERO, S/C de Tenerife
25/mar/03 10:04 AM
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La Guardia Civil podría volver a vigilar los diferentes órganos judiciales de la provincia, actualmente a cargo de una empresa de seguridad privada, a tenor del informe remitido hace escasas fechas a la subdirección general de Operaciones del Instituto Armado por parte de la Jefatura de la 151 Comandancia de Santa Cruz de Tenerife, según confirmaron fuentes de la misma.

Entre los objetivos estratégicos determinados en la Directiva de Planeamiento de la Guardia Civil, destaca uno de ellos y es la calidad del servicio que la Benemérita presta al ciudadano y sus relaciones con la administración. Para ello, el Instituto Armado tendría que recuperar al personal de la reserva, que realizaría la vigilancia de seguridad estática, auxiliados por elementos y equipos técnicos.

Con otras comunidades

Esta medida ya viene contemplada en tres acuerdos de colaboración firmados entre el Ministerio del Interior y la Comunidad de Madrid en materia de vigilancia y protección de edificios e instalaciones autonómicas.

En este caso fue firmado el 3 de diciembre de 1996, con un periodo de vigencia de tres años, prorrogables automáticamente por períodos anuales y en los cuales la Comunidad se compromete a proporcionar información sobre sus edificios e instalaciones para el ejercicio de las funciones de vigilancia y protección y a garantizar el aporte de recursos económicos suficientes para ayudar al desarrollo de las actividades previstas, así como los medios necesarios para desempeñar los cometidos de vigilancia y protección. Otros convenios son los firmados con la Junta de Andalucía en materia de seguridad de los edificios judiciales de esa comunidad y con el Banco de España.

Para la prestación de estos servicios la Comandancia de Tenerife crearía un destacamento específico integrado por oficiales, suboficiales, cabos y guardias que, a pesar de estar en la reserva, seguirían dependiendo órganicamente y funcionalmente del mando correspondiente de la Guardia Civil. Estos se encargarían de la vigilancia de los edificios judiciales en Santa Cruz, La Laguna, La Orotava, Puerto de la Cruz, Icod de los Vinos, Arona, Granadilla y Güímar. De igual manera sucedería en Santa Cruz de la Palma y Los Llanos de Aridane, lo mismo que en los órganos judiciales de La Gomera y El Hierro.

Este acuerdo se vería plasmado siempre y cuando la Viceconsejería de Justicia e Interior del Gobierno canario mostrase su acuerdo a que la vigilancia se prestase por parte de la Benemérita, que aportaría la profesionalidad y la experiencia de sus agentes. En el citado informe se recoge la plantilla necesaria para cubrir dichos servicios.

Al parecer, en aquellos juzgados en los que las guardias no son presenciales sólo se cubriría el servicio en horario de mañana, mientras que Santa Cruz y La Laguna, por el número de sedes y al ser guardias presenciales, contaría con vigilancia mañana y tarde. Otro tanto ocurriría con Las Palmas. En la actualidad, los festivos en los que el juzgado está de guardia el servicio es cubierto por la Policía Nacional.