Canarias

La Cámara escoge sus armas contra la violencia de género

El Parlamento avaló ayer la habilitación de un conjunto de medidas contra un fenómeno que se concibe más allá del ámbito estrictamente familiar y cuyo fin es asegurar la reintegración social de las víctimas.

EL DÍA/EFE, S/C de Tenerife
28/mar/03 16:33 PM
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El pleno del Parlamento de Canarias avaló ayer la entrada en vigor de la ley de prevención y protección integral de las mujeres contra la violencia de género, con el apoyo de populares y nacionalistas, y el respaldo parcial del PSC, que mantuvo algunas enmiendas al texto que no fueron finalmente aceptadas.

El texto crea un sistema de intervención contra la violencia hacia las mujeres mediante una batería de prestaciones que habrán de desarrollar las distintas administraciones públicas canarias tendentes a la reintegración social de las víctimas de agresiones.

La ley no restringe el fenómeno de la violencia de genero al ámbito familiar, sino que lo amplía a otros como el laboral. De ahí que extienda su definición, además de al maltrato físico, a los psicológicos y sexuales, así como los abusos de menores, el acoso sexual y el tráfico o utilización de mujeres con fines de explotación sexual.

Las actuaciones propuestas contienen medidas preventivas y de carácter asistencial con el fin de detectar las situaciones de riesgo y establecer obligaciones a los servicios sanitarios, sociales y educativos en la denuncia de situaciones de violencia.

Los servicios que integran el sistema incluyen dispositivos de emergencia para mujeres agredidas, centros de acogida inmediata, casas de acogida y pisos tutelados.

Sin servicio de vigilancia

Entre las propuestas socialistas rechazadas figuraba la creación de unidades especiales de apoyo a las víctimas dentro de las policías locales y la creación de un servicio de vigilancia a los maltratadores cuando la vida de la mujer esté en peligro.

También defendió la diputada socialista Dolores Padrón que se dotara de medios a los ayuntamientos para la atención de las víctimas y que se garantice una justicia gratuita para las víctimas.

Sin embargo, la diputada nacionalista Marisa Zamora justificó su rechazo a las propuestas socialistas en su complejidad y falta de adecuación a los medios de que se disponen, proponiendo en su lugar la aplicación de una ley sencilla y ágil que las administraciones hagan valer con los recursos existentes.