Vivir
LO ÚLTIMO:
foto del aviso
Borrell niega en EEUU que Trump le propusiera construir un muro en el Sáhara leer

El Gobierno impondrá multas de hasta 300.000 euros por los excesos de ruido

La ministra de Medio Ambiente, Elvira Rodríguez, anunció ayer que el incumplimiento de la nueva ley podría provocar el cierre de hasta cinco años de los establecimientos que infrinjan sus objetivos de calidad.

EFE, Madrid
30/mar/03 2:27 AM
Edición impresa

La ministra de Medio Ambiente, Elvira Rodríguez, afirmó ayer que la sanción máxima que prevé la nueva ley del ruido será de 300.000 euros para infracciones muy graves y que puede llegar a la clausura de hasta cinco años de las instalaciones que incumplan los objetivos de calidad.

La ministra explicó en rueda de prensa el proyecto de ley del ruido que el viernes aprobó el Consejo de Ministros y que define como infracciones muy graves aquellas que superen los valores límite de ruido perjudicando el medio ambiente, la seguridad o salud de las personas.

La nueva ley indica que las administraciones competentes realizarán inspecciones para medir y controlar la contaminación acústica y que los emisores acústicos colaborarán con las administraciones.

Según la ley, España dispondrá de "mapas de ruido", que permitirán conocer los niveles de contaminación acústica y actuar para evitarla, explicó Elvira Rodríguez, para quien la nueva disposición considera "por primera vez el ruido ambiental de forma integrada".

La nueva norma, por tanto, se aplicará conjuntamente a todos los emisores acústicos: actividades, infraestructuras, equipos, maquinarias o comportamientos que generen contaminación acústica, en la que España es el primer país de la UE, y no solamente desde el punto de vista de un único emisor.

La ministra descartó la posibilidad de que se concedan beneficios fiscales para financiar la elaboración de los "mapas de ruido" y los posteriores "mapas de acción", que correrán a cargo de las administraciones competentes, es decir, comunidades autónomas y ayuntamientos y tendrán que estar terminados un año después que los primeros. El impacto económico de la implantación de la ley será absorbido "por la propia dinámica de la economía", indicó.