Dinero y Trabajo

El Constitucional sentencia que el Impuesto General Indirecto Canario no vulnera la legalidad


EFE, Madrid
3/abr/03 15:52 PM
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"El Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) no vulnera el principio de franquicia al consumo que establece el Régimen Económico y Fiscal Canario (REF)", según establece una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) publicada ayer.

El TC rechaza en esa resolución varias cuestiones de inconstitucionalidad promovidas por la sala de lo contencioso - administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) contra diversos artículos de la ley 20/1991 que modificaba los aspectos fiscales del REF. En su argumentación el TC señala que el hecho de que el IGIC sea en parte un impuesto sobre el consumo en fase minorista no lo hace incompatible con la franquicia al consumo, y añade que "ni la Constitución ni el Estatuto de Autonomía de Canarias impiden a esa comunidad establecer impuestos indirectos como ese". El TSJC había cuestionado la constitucionalidad de casi toda la Ley 20/1991 de modificación de la REF, tanto en su regulación del IGIC, como en la del Arbitrio sobre la Producción e Importación de Mercancías (APIM). Ahora bien, en su sentencia el TC inadmite, y por tanto no entra en el fondo del asunto, las cuestiones referidas al APIM, por entender que las normas impugnadas no eran relevantes para que el TSJC resolviera los casos durante cuyo estudio surgieron las dudas de constitucionalidad.

Por eso, la sentencia centra su argumentación en la regulación del IGIC que, en opinión del TSJC, podría vulnerar, al gravar todo el proceso productivo, la franquicia al consumo que estaría establecida en el REF y avalada por la Constitución y el Estatuto.

Franquicia al consumo

Esa franquicia supondría, en la interpretación del TSJC, "no la mera exigencia de una diferencial fiscal sino la estricta prohibición de impuestos estatales sobre el consumo". La sentencia afirma que el IGIC no quiebra los principios del REF, ya que respeta la existencia de un "diferencial de tributación con respecto al resto del territorio nacional" - con una presión fiscal indirecta menor - y la "existencia de tributos de ámbito canario atribuidos en su recaudación a la Comunidad Autónoma o a los Cabildos". La sentencia del Constitucional destaca además, que frente a lo que mantiene el TSJC "no resulta fácil extraer de la Disposición adicional tercera de la Constitución la garantía de un contenido inalterable del REF". Añade que "frente a otros supuestos en los que la Constitución expresamente ampara y respeta derechos históricos y se refiere a la actualización de los mismos, aquélla se limita a requerir un informe previo de la Comunidad Autónoma para la modificación del REF". Según el TC, "el sentido instrumental del REF, en cuanto medio para la realización efectiva del principio de solidaridad con el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español, determina que su resultado haya de estar en función, no sólo de las circunstancias del hecho insular, sino también de las del resto de España".