Canarias

El Gobierno no elevará a la UE la limitación residencial

El Comité de Expertos sobre Población e Inmigración concluye que las medidas de ordenación del territorio y las políticas urbanísticas podrían resultar suficientes para detener la presión demográfica en las Islas.

EFE, Las Palmas
5/abr/03 16:33 PM
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Canarias no propondrá a la UE limitar la llegada de foráneos al Archipiélago como forma de reducir la presión que soportan las Islas, sino que racionalizará la entrada y asentamiento de inmigrantes mediante la ordenación del territorio y las políticas urbanísticas.

Esta es una de las conclusiones finales del trabajo del Comité de Expertos sobre Población e Inmigración de Canarias, que durante los últimos meses ha analizado el crecimiento demográfico del Archipiélago.

El presidente del Gobierno de Canarias, Román Rodríguez, indicó durante la presentación de las conclusiones, que las Islas deben concentrarse en el próximo periodo de ampliación de la UE en mantener las singularidades reconocidas en el artículo 299.2 del Tratado de Amsterdam y las ayudas europeas que reciben las islas, y no plantear nuevas iniciativas.

El Comité de Expertos considera que la llegada de foráneos a las Islas puede racionalizarse a través de la ordenación del territorio y de las políticas urbanísticas, ya que son las que determinan la posibilidad de establecer alojamientos turísticos y segundas residencias, afirmó el presidente del Comité, el rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Manuel Lobo.

Crecimiento turístico

Rodríguez insistió en que las directrices generales de ordenación y del turismo, que se aprobarán próximamente, pretenden contener la llegada de inmigrantes a través de una limitación al crecimiento turístico, que ha demostrado ser la causa principal por la que los foráneos llegan a Canarias.

Además de las directrices, los instrumentos jurídicos que permiten una mejor utilización del territorio son el texto refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y Espacios Naturales Protegidos.

Respecto a la segunda residencia, los expertos consideran que el derecho comunitario no impide que los estados adopten medidas restrictivas siempre que no se discrimine a los ciudadanos europeos, lo que supondría que se limitarían tanto para los canarios como para los foráneos.