Canarias

Aprobadas las Directrices, que limitan el crecimiento turístico

El Parlamento aprobó ayer, con un amplio consenso, el proyecto de ley de Directrices de Ordenación General y del Turismo, que suspende el planeamiento y las licencias turísticas durante tres años. La Palma, La Gomera y El Hierro tendrán su propio ritmo de crecimiento.

CARLOS VEGA, S/C de Tenerife
12/abr/03 16:33 PM
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El Pleno del Parlamento de Canarias aprobó ayer por un amplio consenso el proyecto de ley de Directrices de Ordenación General y del Turismo, que paraliza el planeamiento turístico y los trámites de autorizaciones y licencias urbanísticas relacionadas con la actividad durante un período de tres años, salvo en las islas de La Palma, La Gomera y El Hierro.

El proyecto del Gobierno ha experimentado numerosas modificaciones con la aprobación ayer, en el último pleno de la legislatura, de la mayoría de las 40 enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios.

La normativa suspende también las licencias y autorizaciones que se encuentren incursas, por causas imputables al promotor, y potencia medidas para la rehabilitación de establecimientos y áreas turísticas.

Después de dos años de debate político y social, se ha iniciado el camino hacia el "desarrollo sostenible" con el fin de preservar los recursos naturales y diversificar la economía canaria, mediante la oferta de un turismo de hoteles de cuatro o más estrellas y establecimientos de ocio.

Las medidas afectan también al planeamiento, pues desclasifica los suelos con usos turísticos y sin plan parcial, y obligan a las instituciones isleñas a adaptar sus planes o redactar especiales donde se recojan las restricciones.

El proyecto de ley articula además un procedimiento para impedir que las 50.000 licencias vigentes ocasionen un colapso del mercado turístico mediante la prórroga concertada de las edificaciones en un plazo de tres a diez años.

Pero el documento aprobado ayer no regula sólo el subsector turístico, sino que también incide en la edificabilidad de los suelos urbanos de uso residencial, aumentando su densidad, para evitar la dispersión territorial e incluye medidas para proteger los asentamientos rurales.

El Grupo Socialista sólo expresó su oposición en aspectos puntuales, como la caducidad de las licencias, pues a su entender no debería aplicarse de forma "automática", sino tras dar audiencia a los promotores para evitar inseguridades jurídicas. También expresó su rechazo a liberar los suelos sin plan parcial de la recalificación de rústicos de protección.