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El Gobierno termina con los privilegios universitarios para presos de ETA

El Consejo de Ministros aprueba una reforma de la ley general penitenciaria para que los reclusos terroristas sólo puedan recibir enseñanza de la UNED. De esta forma, impedirá que los 258 reos etarras matriculados en la Universidad del País Vasco continúen sus estudios ahí el próximo curso.
COLPISA, Madrid
3/may/03 6:01 AM
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El Gobierno, de acuerdo con el PSOE, impedirá que los 258 presos de ETA matriculados en la Universidad del País Vasco continúen sus estudios el próximo curso en ese centro académico. El Consejo de Ministros aprobó una reforma de la ley general penitenciaria para que los reclusos sólo puedan recibir enseñanza de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). El ministro de Interior apuntó que con esta modificación legal se acabará "el trato privilegiado" a los presos terroristas.

El Ejecutivo de José María Aznar considera prioritario acabar con las, a su juicio, "preferencias" de determinados profesores de la Universidad del País Vasco hacia los presos de ETA y ha solicitado al Parlamento que tramite por la vía de urgencia el proyecto de ley que modifica la ley general penitenciaria. De esta manera, se acortan los plazos en Congreso y Senado para que la reforma legal entre en vigor en octubre o noviembre próximos.

El Gobierno está convencido de que no encontrará gran oposición en el Parlamento para sacar adelante la reforma. Ángel Acebes manifestó que el PSOE conoce la iniciativa y "comparte los fines y los objetivos". Entre ambos grupos controlan 318 de los 350 escaños del Congreso y el Ejecutivo sólo espera encontrar las resistencias de los nacionalistas e IU.

A partir del momento en que se apruebe, los presos de ETA que estén matriculados en la UPV tendrán un mes de plazo para inscribirse en la UNED si quieren proseguir sus estudios. Acebes, tras la reunión del Consejo de Ministros, detalló que 268 miembros de ETA encarcelados estudian carreras universitarias y todos, menos diez, están matriculados en la Universidad. De los 258 que han optado por los campus de la UPV, sólo 35 están internados en cárceles de la comunidad y los 233 restantes en otras prisiones, incluso en Francia.

Más control

Señaló que, una vez que el Parlamento apruebe la reforma, las personas en prisión que quieran cursar una carrera universitaria lo podrán hacer en centros que tengan un convenio con la Dirección General de Instituciones Penitenciarias y que, además, sean de ámbito estatal y estén especializados en enseñanza no presencial, requisitos que sólo reúne la UNED.

Acebes explicó que de esta forma, además de acabar con "los privilegios" en las visitas del profesorado, las calificaciones y los temarios, la Dirección de Instituciones Penitenciarias ejercerá "más control" sobre los presos de ETA. Acebes indicó la reforma no tendrá efecto retroactivo y que las posibles irregularidades anteriores en los expedientes académicos serán revisados por "los órganos competentes". Fuentes cercanas al ministro explicaron que el órgano competente será la Fiscalía.

El Gobierno pone así punto final a un proceso que se inició durante una reunión de Aznar con un grupo de profesores de la UPV en La Moncloa en otoño pasado. Los docentes denunciaron el alto número de internos terroristas matriculados en sus facultades que, a diferencia del resto de alumnos, siempre aprobaban todas las asignaturas y con buenas notas.

"Profesorado bajo sospecha"

La consejera vasca de Educación, Ángeles Iztueta, consideró "inadmisible" la reforma planteada por el Gobierno, ya que "pone bajo sospecha a todo el profesorado de la UPV". La medida "no es justa ni democrática" y, a su juicio, la existencia de "algún caso aislado" no justifica que "se sospeche de la profesionalidad" del conjunto del profesorado. Iztueta abogó por el derecho de los presos a la educación y afirmó que "a este paso nos van a dejar sin derechos civiles a los vascos. Ahora toda la universidad, después el Parlamento, después el Gobierno vasco. Con esas medidas, todos estamos bajo sospecha". A su vez, fuentes del Rectorado de la UPV aseguraron que la medida ha generado "malestar" en su seno, porque "no tenía el más mínimo conocimiento" de la reforma y no se ha efectuado "la más mínima consulta" a la UPV.