Vivir

El Gobierno amplía hasta 2019 la concesión de las ITV

La medida aumenta el plazo de amortización de las inversiones que se lleven a cabo, que hasta ahora concluía en 2009. Las nuevas condiciones abren una vía para la solución de los actuales problemas de saturación.
EL DÍA, S/C de Tenerife
23/may/03 7:42 AM
Edición impresa

El Gobierno de Canarias, lejos de cumplir las advertencias que viene lanzando desde hace meses por las deficiencias en la prestación del servicio de inspección técnica de vehículos (ITV), en las que llegó a plantear la ruptura unilateral del contrato con el grupo Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), ha decidido ampliar en diez años, hasta el 2019, el periodo de concesión para dicha adjudicataria y para Aguas de Barcelona, el otro grupo de ITV implantado en las Islas. Diversas fuentes ven en esta decisión de la administración autonómica el principio del fin del actual conflicto, toda vez que la prórroga garantizará la amortización de las inversiones que se lleven a cabo.

La construcción de una segunda nave de inspección en el norte de Tenerife, imprescindible para desahogar la existente en el municipio de Los Realejos, y la implantación de nuevas líneas de revisión en otras estaciones, como las de El Rosario, planteaba ciertas dudas en cuanto a rentabilidad económica. El contraro de concesión hasta ahora vigente concluia en 2009, fecha a partir de la cual todas las instalaciones pasarían a ser propiedad del Gobierno de Canarias.

La ampliación en una década prácticamente triplica el periodo de amortización de unas inversiones por parte de las adjudicatarias que se adivinan millonarias, sobre todo en lo que concierne a FCC, en cuyas naves se acumulan los mayores retrasos. No obstante, los trabajadores de las plantas de inspección de Los Realejos, El Rosario, La Palma, La Gomera y El Hierro, que realizan paros parciales desde hace un mes para exigir la incorporación de medios técnicos y humanos, aseguran que los contactos mantenidos hasta ahora con representantes de FCC no han permitido avance alguno.

La huelga, si no media acuerdo, continuará hasta final de mes. En el caso de que las posturas sigan enfrentadas, los trabajadores se plantearán intensificar las medidas de presión con una huelga indefinida y total. Sin embargo, los propios representantes sindicales entienden que la ampliación del contrato por una década abre nuevas posibilidades a la solución del conflicto.

El Gobierno, a quien compete el servicio de inspección, ha acompañado la ampliación del período de concesión con modificaciones reglamentarias que persiguen la mejora del servicio. Para ello establece una serie de requisitos a cumplir por cada una de las estaciones, como el número de inspectores por línea o la revisión de los vehículos en un plazo máximo de 3 días desde la fecha de solicitud.

El Gobierno ha reconocido que algunas de las empresas concesionarias no han planificado el aumento de usuarios, provocando la saturación del servicio.

El Gobierno de Canarias, lejos de cumplir las advertencias que viene lanzando desde hace meses por las deficiencias en la prestación del servicio de inspección técnica de vehículos (ITV), en las que llegó a plantear la ruptura unilateral del contrato con el grupo Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), ha decidido ampliar en diez años, hasta el 2019, el periodo de concesión para dicha adjudicataria y para Aguas de Barcelona, el otro grupo de ITV implantado en las Islas. Diversas fuentes ven en esta decisión de la administración autonómica el principio del fin del actual conflicto, toda vez que la prórroga garantizará la amortización de las inversiones que se lleven a cabo.

La construcción de una segunda nave de inspección en el norte de Tenerife, imprescindible para desahogar la existente en el municipio de Los Realejos, y la implantación de nuevas líneas de revisión en otras estaciones, como las de El Rosario, planteaba ciertas dudas en cuanto a rentabilidad económica. El contraro de concesión hasta ahora vigente concluia en 2009, fecha a partir de la cual todas las instalaciones pasarían a ser propiedad del Gobierno de Canarias.

La ampliación en una década prácticamente triplica el periodo de amortización de unas inversiones por parte de las adjudicatarias que se adivinan millonarias, sobre todo en lo que concierne a FCC, en cuyas naves se acumulan los mayores retrasos. No obstante, los trabajadores de las plantas de inspección de Los Realejos, El Rosario, La Palma, La Gomera y El Hierro, que realizan paros parciales desde hace un mes para exigir la incorporación de medios técnicos y humanos, aseguran que los contactos mantenidos hasta ahora con representantes de FCC no han permitido avance alguno.

La huelga, si no media acuerdo, continuará hasta final de mes. En el caso de que las posturas sigan enfrentadas, los trabajadores se plantearán intensificar las medidas de presión con una huelga indefinida y total. Sin embargo, los propios representantes sindicales entienden que la ampliación del contrato por una década abre nuevas posibilidades a la solución del conflicto.

El Gobierno, a quien compete el servicio de inspección, ha acompañado la ampliación del período de concesión con modificaciones reglamentarias que persiguen la mejora del servicio. Para ello establece una serie de requisitos a cumplir por cada una de las estaciones, como el número de inspectores por línea o la revisión de los vehículos en un plazo máximo de 3 días desde la fecha de solicitud.

El Gobierno ha reconocido que algunas de las empresas concesionarias no han planificado el aumento de usuarios, provocando la saturación del servicio.