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La Ley de Extranjería vetará la entrada de los inmigrantes irregulares devueltos

El secretario de Estado para la Inmigración, Ignacio González, mantuvo una reunión con los miembros del foro con el objetivo de informarles sobre el anteproyecto de reforma de la nueva Ley de Extranjería, que intenta equiparar el trato de las personas que quieren acceder de forma legal al país.
EFE, Madrid
31/may/03 8:33 AM
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El secretario de Estado para la Inmigración, Ignacio González, informó ayer de que el anteproyecto de reforma de la Ley de Extranjería prohibirá la entrada por un período de tres a diez años a aquellos inmigrantes que hayan intentado acceder de forma ilegal a España, o sea, "en los supuestos de devolución".

Tras una reunión de casi tres horas con los miembros del Foro de la Inmigración para informarles de la nueva reforma, González dijo que con esta propuesta de sanción de no retorno se equipara el trato de las personas que quieren acceder por "un puesto legal" a los que lo hacen por uno no autorizado. En el primer caso, los inmigrantes con un procedimiento de expulsión abierto tampoco podrán regresar a España por un período mínimo de tres años y uno máximo de diez.

En ambos supuestos, los extranjeros podrán ser enviados a un centro de internamiento, previa autorización judicial.

En declaraciones a la prensa, el delegado del Gobierno para la Inmigración y la Extranjería añadió que el texto del anteproyecto se ha enviado esta semana al Consejo de Estado para su preceptivo dictamen, que dispondrá de un tiempo máximo de quince días para emitirlo. En función del informe "el Gobierno tomará la decisión que proceda a efectos de tramitación (del anteproyecto), pero el objetivo es que la aprobación de la norma sea antes de acabar el próximo período parlamentario de sesiones (finales de año)".

En consecuencia, añadió que "tendremos que tener en cuenta esos plazos de tramitación para ver si será una tramitación ordinaria o por vía de urgencia para encajarlo en el calendario legislativo que tienen las Cortes". Explicó, por otro lado, que la reciente sentencia del Tribunal Constitucional que anula un artículo de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita (de aplicarse impedía esa asistencia a los extranjeros ilegales), "no tiene incidencia" en la Ley de Extranjería, dado que contempla esa tutela judicial para todos los casos y situaciones de ciudadanos extranjeros.

Mejorar el texto

González recordó que la Ley de Asistencia Gratuita fue elaborada y aprobada, en 1996, por el anterior Gobierno ( PSOE), y sobre la reunión con el Foro de la Inmigración, un órgano de consulta, información y asesoramiento del Gobierno, indicó que su objetivo fue informarle de la nueva reforma de Extranjería y "ofrecerles la posibilidad de que en su tramitación parlamentaria presenten propuestas para mejorar el texto".

Fuentes del Foro, integrado por Administración, emigrantes y ONG, dijeron que las preocupaciones expresadas por sus miembros se centraron en las novedades que prevé el texto en cuanto a la obligación de los transportistas a informar de sus relaciones de viajeros; el empadronamiento de inmigrantes y cómo se articulará en la práctica la obtención de los visados.

Sentencia del TC

El Defensor del Pueblo mostró su satisfacción por la sentencia del Tribunal Constitucional que garantiza la asistencia jurídica gratuita también a los inmigrantes irregulares y anunció que ha comenzado a preparar un informe monográfico para conocer cómo se aplica en todo el territorio. El TC estimó parcialmente en una sentencia el recurso que presentó el Defensor del Pueblo contra un precepto de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, cuya aplicación impediría que extranjeros ilegales residentes en España recurrieran a esa asistencia en procesos que afectaran a su estatus personal, como en el caso de la expulsión. El Defensor considera que ese pronunciamiento "clarifica de forma definitiva el alcance y el contenido del derecho a la asistencia jurídica gratuita que tiene todo ciudadano, con independencia de su nacionalidad y de su situación administrativa en nuestro país". Para continuar sus actuaciones relacionadas con los derechos y libertades de los extranjeros que se hallan en España, el Defensor ha emprendido la realización de un informe sobre la asistencia jurídica que se presta a los ciudadanos extranjeros.