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Un informe jurídico respalda la instalación de cámaras de seguridad

Según Rafael de Mendizábal, ex jefe de Sala del Tribunal Supremo, no se vulneran los derechos de los ciudadanos, que mejorarán su calidad de vida.
EL DÍA, S/C de Tenerife
4/jun/03 9:04 AM
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El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha recibido el informe que encargó el pasado mes de enero a Rafael de Mendizábal, asesor jurídico de la empresa Belt Ibérica SA, ex magistrado del Tribunal Constitucional y ex jefe de sala del Tribunal Supremo, sobre la viabilidad jurídica de la colocación de cámaras de seguridad, que se distribuirán en los "puntos negros" de la capital para velar por la seguridad ciudadana.

El concejal delegado del área, Hilario Rodríguez, afirmó que dicho proyecto no vulnera los derechos de los ciudadanos, a la vez que será necesario crear una unidad dentro del organigrama de la Policía Local que se encargue de velar por la custodia de las imágenes, así como por su destrucción.

Con este informe favorable, el ayuntamiento continuará la tramitación para la colocación de las cámaras. Para ello, deberá remitir el expediente a la Comisión de Garantías de la Vigilancia que depende del Ministerio de Interior. Dicho organismo está formado por el presidente y el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), un abogado del Estado y un representante de la administración general del Estado, entre otros.

Esta comisión será la que dé el visto bueno definitivo, si se ajusta a derecho, que permitirá la instalación de las cámaras de seguridad, que estarán conectadas a la Unidad de Intervención Policial. Para ello, es preciso que se justifique la necesidad de esta medida, que irá respaldada con el informe del prestigioso jurista.

Aunque inicialmente se desconoce dónde, cuántas y cuándo se comenzará con su instalación, pues está pendiente de la aprobación del Ministerio de Interior, el alcalde ya adelantó el pasado mes de enero que "se colocarán las que Santa Cruz necesite", y en función de las necesidades, sin que descartara entonces que fuera un proceso paulatino, en donde se ubicaran primero algunas y, con el tiempo, se pudieran incrementar.

Las cámaras de seguridad serán fijas y móviles, lo que permitirá a la corporación combatir la inseguridad ciudadana. Además de las que se destinen a los "puntos ne-gros" de mayor inseguridad, también se podrán habilitar otras de manera puntual coincidiendo con manifestaciones o grandes concentraciones, como sucede en Carnaval. La instalación de cámaras fue una solicitud que dirigieron a la corporación tanto la Plataforma para la Defensa de la Avenida General Mola como otros colectivos empresariales y vecinales de la ciudad.

Una ciudad más segura

La Corporación municipal aspira a reforzar el operativo de seguridad con la instalación de las cámaras de seguridad, un artilugio de presencia similar a las que en la actualidad se reparten en diferentes rincones de la ciudad para controlar el tráfico, aunque con unas posibilidades más amplias. Así, una vez se delimiten las zonas de mayor incidencia delictiva, y con la preceptiva aprobación del Ministerio del Interior, se procederá a instalar las cámaras para facilitar la detención de quienes alteren la calidad de vida de empresarios o vecinos. Dichos artilugios estarán conectados a la Unidad de Intervención Policial, con base en Ofra, que intensificará la colaboración de estos funcionarios municipales con el Cuerpo Nacional de Policía, y que se encargará, además, de la custodia de las imágenes.