Tenerife
LO ÚLTIMO:
foto del aviso
En riesgo naranja Tenerife, El Hierro, La Gomera y La Palma leer

El concurso del Hospital Militar queda desierto

El vicepresidente y consejero en funciones del Cabildo de Tenerife, José Manuel Bermúdez, explicó que el siguiente paso es acudir al procedimiento negociado, con lo que espera que en julio ya esté adjudicado el proyecto.
EL DÍA, S/C de Tenerife
4/jun/03 12:16 PM
Edición impresa

El concurso mediante el cual debía adjudicarse la gestión del centro sociosanitario que se instalará en el solar del antiguo Hospital Militar de Santa Cruz ha quedado desierto, al no haber concurrido al mismo ningún ofertante. Así lo reconoció ayer en declaraciones a EL DÍA el vicepresidente y consejero en funciones del área de Acción Social, Sanidad y Deportes del Cabildo de Tenerife, José Manuel Bermúdez Esparza.

"Una vez que el concurso ha quedado desierto, el siguiente paso es acudir al llamado procedimiento negociado, por lo que prevemos que en el mes de julio ya esté adjudicado", dijo el consejero insular.

En caso de que aplicando esta fórmula tampoco se consiguiera poner en marcha este proyecto, sería necesario arbitrar otras fórmulas alternativas, pero, aún así, Bermúdez aseguró que "el centro sociosanitario se va a construir".

El sistema de gestión indirecta propuesto por el Cabildo de Tenerife en el futuro recinto sociosanitario establece que la misma empresa que ejecute los trabajos de construcción de la infraestructura, también deberá encargarse de su equipamiento y de la explotación del servicio por un espacio de cincuenta años, bajo la supervisión del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IASS).

Una gestión indirecta

El pasado mes de febrero, José Manuel Bermúdez hacía pública en rueda de prensa la aprobación de los pliegos de condiciones técnicas que debían regir el proceso de adjudicación de esta instalación sociosanitaria, previos a la apertura del periodo de información pública y al plazo del concurso en sí.

Además, destacaba entonces el consejero insular que con la aplicación de esta fórmula de gestión indirecta, las administraciones públicas retrasaban el desembolso de los 24,5 millones de euros que son necesarios para la puesta en marcha de la instalación, lo que resultaba menos oneroso para las instituciones, al tiempo que afirmaba que esta infraestructura "seguirá siendo pública, aunque lo gestione una empresa privada".