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La UE entregará detenidos a EE UU si no se aplica la pena de muerte

El Consejo de Ministros de Justicia e Interior dio ayer el visto bueno, por unanimidad, a los convenios de extradición y cooperación judicial entre la Unión Europea y Estados Unidos.
EFE, Luxemburgo
7/jun/03 14:12 PM
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os convenios de extradición y cooperación judicial penal entre la UE y Estados Unidos, aprobados ayer, rechazarán la entrega de un detenido si no hay garantías de que no se aplique la pena de muerte.

El Consejo de ministros de Justicia e Interior de la UE, reunido en Luxemburgo, dio el visto bueno, por unanimidad, a estos acuerdos, que serán ratificados en la cumbre entre la Unión Europea y Estados Unidos del próximo 25 de junio en Washington, para entrar en vigor inmediatamente después.

Estos nuevos tratados complementarán los bilaterales entre este Estados Unidos y los países miembros de la UE, aumentando las garantías de respeto a los derechos fundamentales de los individuos y mejorando algunos aspectos procesales en las extradiciones.

El texto sobre extradición incluye un artículo dedicado a la pena de muerte, uno de los puntos más polémicos ya que los países europeos querían garantías de no aplicación de la pena capital, lo que Estados Unidos no podía ofrecer dado que es competencia de sus estados.

Finalmente se ha establecido que el país al que se demande la extradición puede imponer la condición, para concederla, de que no se aplicará la pena de muerte.

Respecto a la prioridad reclamada por los europeos sobre Estados Unidos en caso de que más de un Estado pidiera la extradición de la misma persona, serán las autoridades judiciales las que decidan a qué país corresponde la entrega del detenido en función de la gravedad de los delitos que se le imputen.

Tribunales imparciales

También se estipula el derecho a un juicio justo y por tribunales imparciales constituidos por la ley, lo que elimina la posibilidad del recurso a cortes especiales.

En el caso de la cooperación judicial, se podrán establecer equipos conjuntos de investigación policial y judicial, se agilizará el acceso a las informaciones bancarias tanto a personas físicas como jurídicas y se acelerará la transmisión de solicitudes.

El ministro de Justicia de Grecia -país que ocupa la presidencia de turno de la Unión-, Philippos Petsalnikos, resaltó en una rueda de prensa que estos acuerdos coexistirán y complementarán los bilaterales "aunque algunas disposiciones serán anuladas para una mejor protección de los derechos fundamentales".

El ministro español de Justicia, José María Michavila, afirmó que estos acuerdos "concilian una mayor eficacia con preservar el patrimonio ético, jurídico y constitucional en materia de dignidad humana" al posibilitar la denegación de extradiciones en caso de riesgo de aplicación de la pena capital.

"Estados Unidos tendrá que renunciar a la pena de muerte cuando colabore penalmente con la Unión Europea", resaltó José María Michavila, que recordó que en los acuerdos se incluyen los 23 delitos armonizados por la Euroorden.

En cuanto a la forma en que estos nuevos convenios pueden afectar al acuerdo bilateral existente entre España y EE UU, indicó que se consolidarán garantías y se mejoran otras, como la colaboración mutua, la validez inmediata de la documentación, las información sobre cuentas bancarias y los equipos conjuntos de investigación.

Los convenios serán firmados por la UE en nombre de todos los Estados miembros, lo que no hará necesaria la consulta a los Parlamentos nacionales, que reclamaba Francia y que fue otro de los asuntos que bloqueó los acuerdos en los últimos meses.

Sin embargo, el ministro francés de Justicia, Dominique Perben, se mostró satisfecho con el acuerdo alcanzado y recordó que hace sólo un mes aún había abiertas cuestiones cruciales para su país como la referencia a los Derechos Fundamentales, finalmente incluida de manera indirecta.

Preben indicó además que las relaciones entre Francia y Estados Unidos en materia de extradición son "muy positivas y constructivas" y nunca ha habido "dificultades verdaderas".

Estos dos convenios, que deben entrar en vigor de forma simultánea, son objetivos políticos de la Unión Europea tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos y constituirán una primera manifestación de la actuación internacional de la Unión en la cooperación judicial.