Canarias

Un aprobado con buena nota

Los representantes de CC, PP y PSC-PSOE coinciden en el especial tratamiento que otorga el texto constitucional a las Islas, en que la capitalidad compartida se ha demostrado la mejor opción y en que las delegaciones del Parlamento son innecesarias. El PNC apuesta por una única capital.
8/jun/03 16:34 PM
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La capitalidad compartida se ha demostrado la mejor opción de las posibles y la apertura de delegaciones del Parlamento de Canarias en otras islas es, cuando menos, poco razonable y en absoluto conveniente. Tres de los cuatro participantes en el debate de esta semana coinciden en tales tesis, y solo uno, el representante del Partido Nacionalista Canaria (PNC), muestra su disconformidad con la capitalidad compartida, toda vez que ve en ella una estrategia premeditada del poder central para que los canarios sigan enfrentados y considera que el Archipiélago debería contar con una sola capital. También en el ámbito de la Constitución de 1978 y el Estatuto de Autonomía, el representante del PNC es quien marca mayores distancias.

Cuatro "pesos pesados" de las principales formaciones políticas de Canarias participaron en un encuentro en el que se intercambiaron opiniones acerca del papel que le reserva la Constitución a Canarias, su vinculación con el Estatuto de Autonomía y la aplicación durante veinte años de la capitalidad compartida entre Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas. Y dentro de este debate, porque la actualidad obliga, los diferentes pareceres de cada cual sobre un polémico asunto que a lo largo de la pasada legislatura ha renacido a cada poco: la posibilidad de establecer delegaciones del Parlamento de Canarias en otras islas.

El representante de Coalición Canaria (CC), el senador Victoriano Ríos, destacó la valentía del pueblo español en 1977 al hacer frente, de forma simultánea, a dos proyectos : el establecimiento del sistema democrático, con una monarquía parlamentaria, y la conformación del Estado de las autonomías. Subrayó la importancia que se le concedió a Canarias en todo ese proceso, habida cuenta que, si bien no accedió a la autonomía mediante el artículo 143, que se reservó para las consideradas históricas por razones que dijo conocer pero prefirió omitir, enseguida se aprobó una ley orgánica de transferencias específica.

Ríos señaló que la fórmula de la cocapitalidad que se estableció en el Estatuto, que se basa en la capitalidad compartida, el reparto de sedes y la alternancia de la Presidencia y la Vicepresidencia, resultó un hecho insólito, que calificó de "hallazgo importante" para el equilibrio político. Añadió que parte de ese equilibrio se fundamenta en la ubicación del Parlamento en Santa Cruz de Tenerife, de la misma forma que la Delegación del Gobierno se asentó en Las Palmas. Entiende que por eso choca que determinados sectores quieran "difuminar" la sede parlamentaria.

Mientras, el vicesecretario del Partido Popular (PP) de Canarias, Benito Codina, se refirió al especial tratamiento que recibe el Archipiélago en la Constitución, donde se establecen peculiaridades como el Régimen Económico y Fiscal, los cabildos, el sistema electoral y el reconocimiento del hecho insular.

Codina incidió en que el texto constitucional, en el artículo 147.2, determina la necesidad de que en los estatutos de autonomía se fije la ubicación de las sede de las comunidades autónomas y su funcionamiento, que en el caso de Canarias se consideró idóneo enmarcar dentro de un modelo de doble capitalidad que buscó el equilibrio en la fijación de sedes.

El dirigente del PP, que ve en la doble capitalidad una buena fórmula, entiende que establecer delegaciones de la sede parlamentaria resultaría incongruente, toda vez que, por la misma regla de tres, podría plantearse la apertura de oficinas del Congreso por toda España. Tampoco le pareció lógico abrir tales sedes en el "siglo de las comunicaciones".

El representante del PSC-PSOE, el diputado José Segura, destacó que la Constitución de 1978 reconoce la singularidad de Canarias y subrayó que en los veinte años de autonomía transcurridos ha ido adquiriendo una personalidad propia. Recordó que cuando se debatió el Estatuto, con una mayoría de la UCD, algunos colectivos aspiraban a que la vertebración de la Comunidad Autónoma se fijase sobre siete patas, algo que, según recordó, "chocó un poco". Con el tiempo, afirma el senador socialista, los cabildos han ido adquiriendo una personalidad mayor que la del régimen anterior y un ámbito de competencias mejor definido.

En referencia a la ubicación del Parlamento, Segura recordó que él, en su día, defendió la opción de La Laguna, tanto por sus raíces históricas como por haber sido el primer asentamiento de la Corona de Castilla, además de por haberse convertido, gracias a la Universidad, en un punto de encuentro de los canarios de todas las Islas. Sin embargo, dicha opción, según el diputado socialista, no pudo convertise en realidad debido a las presiones, especialmente las de los medios de comunicación, que lograron que se asentara en Santa Cruz.

Segura confesó que le ha sorprendido el hecho de que, a lo largo de la última legislatura, se haya especulado sobre la posibilidad de crear una "especie de delegación" en Las Palmas. Consideró arriesgado abrir ese debate porque daría pie a que se pudieran replantear muchas cosas. Subrayó que haber sacado a la palestra pública dicho asunto es "inapropiado", máxime en período electoral, y afirmó que no ve la necesidad de las delegaciones.

Juan Jesús Ayala, secretario nacional de Formación del PNC, se preguntó si la Constitución ayuda a resolver los problemas de los ciudadanos o sirve como "tapón" para impedir que determinadas comunidades se desarrollen como pueblo. Con respecto a la capitalidad compartida, se muestra rotundo al señalar que aunque supuestamente se trata de una fórmula concebida para romper el pleito insular, detrás late el "poder omnímodo" del Estado. Ayala ve en la capitalidad compartida una maniobra urdida por el poder central para lograr que los canarios sigan divididos. En su opinión, se trata de una trampa. Con respecto al Parlamento, no entra a valorar la ubicación física de la sede, sino su funcionamiento. Afirma que, en la actualidad, la Cámara no representa a la totalidad de las opciones políticas.