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El Supremo falla por primera vez a favor del Gobierno en un caso de profesores de Religión


EL DÍA, S/C de Tenerife
12/jun/03 20:18 PM
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Revisión y perjuicios

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha anulado, a través de un recurso interpuesto por la Consejería de Educación del Gobierno regional, una sentencia previa del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que consideraba improcedente el despido de la profesora de Religión Gloria Esther Demetrio y obligaba a su readmisión o a abonársele una indemnización de 24.630 euros.

El fallo del Supremo, primero que otorga la razón al Gobierno de Canarias en uno de los múltiples casos de denuncias de profesores de esta materia acaecidas en los últimos meses, será alegado en adelante, dada la entidad del tribunal resolutorio y las características del recurso (de casación para unificación de doctrina), por la Consejería de Educación en los casos pendientes aún de revisión por el alto tribunal, aseguró ayer a EL DÍA la secretaria general técnica, Ángeles Bogas. Bogas explicó que la Consejería de Educación "ha recurrido siempre todas las sentencias, y desde ahora nos ampararemos en ésta, que estima que no hay despido y que hemos aplicado la legislación vigente". La secretaria no negó su satisfacción ante el fallo, "que nos da la razón ante la actuación administrativa que hemos defendido y que siempre hemos creído correcta". Aseguró que las tornas pueden cambiar radicalmente en este asunto a partir de este momento, "porque hablamos de un fallo realizado en casación para unificación de doctrina, es decir, que ha comparado varias sentencias y ha decidido definitivamente sobre el asunto", lo que supone un criterio suficiente, a su entender, "para alegar desde ahora esta sentencia en los tribunales, y que éstos sigan el criterio del Supremo".

A pesar de que está pendiente de revisión por el Tribunal Constitucional el actual tratado del Estado con la Santa Sede, por el que los obispados designan temporalmente a los profesores y las administraciones los contratan, pudiendo no renovar si así lo deciden las autoridades eclesiásticas, "lo que está claro es que nosotros hemos aplicado las normas vigentes, como el Estatuto de los Trabajadores o el citado tratado internacional, actualmente en vigor", dijo Bogas.

La necesidad de revisar este acuerdo, que tantos quebraderos de cabeza le ha traído a Educación en los últimos meses, no preocupa en exceso a los responsables de la administración, aunque Ángeles Bogas reconoce que "hablamos de un sistema de contratación completamente distinto al que estamos habituados, y nosotros no lo hubiéramos elegido". "Pero no se trata de estar de acuerdo o no; se trata de una cuestión de cumplimiento de la normativa existente: esto es lo que rige, esto es lo que tenemos que aplicar", añadió.

El perjuicio económico denunciado por algunos sindicatos que supone el pago continuado de costas e indemnizaciones derivadas de estos procesos no tendría tanta entidad, según la secretaria general técnica, dado que "si el Tribunal Supremo dice que no hay despido, no habrá que pagar tampoco las indemnizaciones correspondientes". "La indemnización es consecuencia de haber declarado algunos juzgados la existencia de despidos", y todas ellas se hallan actualmente recurridas, insistió.

La secretaria general cifró en unos seis o siete los recursos pendientes, "y en todos queremos llegar al Supremo; éste es sólo el primero que ha llegado al alto tribunal", aseveró. La responsable no cree, con todo, que el posible cambio definitivo pueda apreciarse este mismo año "porque dichos recursos pendientes aún están en la vía de Tribunal Superior de Justicia de Canarias".

Al hilo de este mismo asunto, el sindicato STEC manifestó ayer, durante una rueda de prensa celebrada en Las Palmas, que la Consejería de Educación del Gobierno canario ha vuelto a resultar condenada de nuevo "por vulnerar los derechos fundamentales de los profesores de religión, lo que eleva a veinte las sentencias en su contra por este motivo", según esta central.