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Simancas y Aguirre renuncian a ser investidos presidentes

Lo insólito de la situación obliga a la presidenta de la Asamblea regional a solicitar informes jurídicos para solventar la crisis. El candidato del PSOE pide un plazo de dos meses antes de disolver la Cámara, mientras que la cabeza de lista del PP quiere fijar ya la fecha de las nuevas elecciones.
COLPISA, Madrid
20/jun/03 18:10 PM
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No habrá sesión de investidura. Tanto Esperanza Aguirre (PP) como Rafael Simancas (PSOE) trasladaron ayer a la presidenta de la Asamblea de Madrid, Concepción Dancausa, su decisión de no someterse a votación alguna y forzar la convocatoria de elecciones ante la imposibilidad de formar gobierno. Resuelto el problema de si los ciudadanos deben o no acudir de nuevo a las urnas, el debate se traslada ahora a cuándo hacerlo.

El PSOE pretende que se abra un plazo de dos meses antes de disolver la Cámara. El PP quiere negociar ya una fecha con el resto de las fuerzas políticas para que no haya posibilidad de marcha atrás. Pero la solución está en manos de los servicios jurídicos del Parlamento regional.

Nunca antes la Comunidad de Madrid -ni ninguna otra- había vivido una situación como la actual, en la que ninguno de los candidatos con posibilidades de alzarse con el poder quiera ser investido presidente. Ni el Estatuto de Autonomía ni el Reglamento de la Cámara mencionan esta posibilidad y de ahí que Concepción Dancausa haya optado por darse un tiempo antes determinar por qué opción se decanta.

Hasta el día 27 -fecha límite para conversar con los grupos parlamentarios y decidir a quien presenta a una sesión de investidura, que en este caso no existirá- estudiará los informes jurídicos que le proporcionen los letrados de la Asamblea y, probablemente, el Consejo de Estado. Después, argumentará quien y por qué tiene razón.

La teoría del grupo socialista -y con él, la de Izquierda Unida- es que cabe interpretar la sola negativa a someter un programa de gobierno a la confianza de la Cámara como una sesión de investidura fallida. Así, habría que aplicar el artículo 18.5 del Estatuto que dice: "si transcurrido el plazo de dos meses, a partir de la primera sesión de investidura, ningún candidato hubiere obtenido la confianza de la Asamblea, ésta quedará disuelta convocándose de inmediato nuevas elecciones".

El mayor deseo

De este modo, Simancas contaría aún con 60 días para que se cumpla su mayor deseo: que los diputados "traidores", Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez, renuncien a sus escaños, sus actas de diputados pasen a dos socialistas "limpios" y él solicite entonces ser investido y se convierta en presidente de la Comunidad sin el voto de dos "corruptos".

El Partido Popular sostiene, en cambio, que esto sería forzar las normas. Si no hay sesión de investidura, argumentan, el plazo de dos meses no corre y, por lo tanto, sería el presidente -en este caso, el presidente en funciones, Alberto Ruiz-Gallardón- el que tendría que tomar la decisión de disolver el Parlamento y convocar nuevos comicios.

Querella contra Llamazares

Gaspar Llamazares y Fausto Fernández tienen ya una querella en su contra interpuesta por el PP. Esta formación política considera que ambos, coordinador general y regional respectivamente de Izquierda Unida, incurrieron en delitos de injurias y calumnias al vincularle en sus declaraciones con la supuesta trama inmobiliaria que se esconde tras la traición de dos diputados socialistas a su partido en la Asamblea de Madrid.

El coordinador de Comunicación popular, Rafael Hernando, aseguró hoy que tanto Llamazares como Fernández -representante de la coalición de izquierdas en el Parlamento regional de Madrid- han emprendido una "campaña de descrédito" contra el PP al que ha acusado de participar en una conspiración de carácter delictivo, de actitud golpista y de aprovecharse de los tránsfugas. "Se trata -dijo- de crear un clima social contrario a nuestro partido a través de declaraciones realizadas sin prueba alguna y con el solo objetivo de cubrir una incompetencia para solucionar sus problemas internos".