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Un cerrajero gomero es condenado a demoler una nave industrial

La sentencia dice que el acusado es autor de un delito de desobediencia y otro contra la ordenación del territorio. Las penas suman 13 meses de prisión. La obra, de 400 metros cuadrados, está edificada en suelo rústico.
EL DÍA, S/C de Tenerife
7/jul/03 10:13 AM
Edición impresa

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha ratificado una sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal número Dos en la que se obliga a un cerrajero a demoler una nave industrial que construyó en suelo rústico, aún a sabiendas de que en dichos terrenos estaban prohibidas dichas edificaciones.

Según consta en la sentencia, Agustín M.H.A. es condenado por un delito de desobediencia a la pena de 7 meses de prisión y por un delito contra la ordenación del territorio a seis meses de cárcel, al igual que se le apercibe de que no puede ejercer su oficio de constructor de estructuras metálicas por igual período de tiempo. Asimismo, se le ordena la demolición de la obra. De no hacerlo él mismo procederá a realizar dicho trabajo la Administración a su costa.

Queda probado en el texto legal que el acusado, cerrajero de profesión, inició la construcción de una nave industrial con una superficie de unos 400 metros cuadrados y una altura de cinco metros, en septiembre de 1998.

Dicha obra se realizó a base de una estructura de hierro y bloques de hormigón vibrado, en la zona conocida como El Molinito (La Gomera).

La nave estaba situada en un promontorio al inicio de una ladera y junto a la carretera TF-711, estando dicho terreno calificado por las Normas Subsidiarias del Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera como "rústico de protección". El día 22 de septiembre de 1998 se levantó un acta de denuncia por la Unidad de Medio Ambiente del Cabildo Insular de La Gomera al carecer de licencia y por la cual se advertía de que "la continuación de las obras supondría incurrir en un delito de desobediencia grave".

La citada resolución fue comunicada al acusado el día 30 de diciembre haciendo caso omiso a la misma y siguiendo con las obras, las cuales fueron precintadas el 3 de febrero de 1999. Al mantener el acusado su actitud se dictó una nueva orden de paralización con fecha de 22 de marzo de 1999, si bien dicha obra ya había sido techada, encontrándose el procesado ejerciendo su profesión de cerrajero.

En el texto legal se recoge que "el acusado lisa y llanamente reconoce, siendo absurdas las alegaciones, que no entendía lo que se le decía, pues creía que era una orden dirigida al Ayuntamiento. La orden de suspensión o paralización de la obra era clara, terminante y no dejaba lugar a dudas a cualquier persona con un mínimo de conocimiento y raciocinio, como es el caso de autos, en el que el acusado es un profesional y demuestra en el juicio tener formación más que suficiente para entenderla y conocer su alcance".

En cuanto a la alegación del procesado de que, tras el segundo apercibimiento de desobediencia a la autoridad, "el precinto de la obra se lo pudo llevar el viento, es absurdo", al tiempo que reconoció que tras la primera carta siguió edificando y que cuando recibió la segunda ya había terminado la obra y que la estaba utilizando para su negocio.El fiscal solicitaba por los citados delitos penas que sumaban los dos años de prisión, así como la demolición de la mencionada nave a costa del procesado. Por su parte, la defensa solicitaba la libre absolución.

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha ratificado una sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal número Dos en la que se obliga a un cerrajero a demoler una nave industrial que construyó en suelo rústico, aún a sabiendas de que en dichos terrenos estaban prohibidas dichas edificaciones.

Según consta en la sentencia, Agustín M.H.A. es condenado por un delito de desobediencia a la pena de 7 meses de prisión y por un delito contra la ordenación del territorio a seis meses de cárcel, al igual que se le apercibe de que no puede ejercer su oficio de constructor de estructuras metálicas por igual período de tiempo. Asimismo, se le ordena la demolición de la obra. De no hacerlo él mismo procederá a realizar dicho trabajo la Administración a su costa.

Queda probado en el texto legal que el acusado, cerrajero de profesión, inició la construcción de una nave industrial con una superficie de unos 400 metros cuadrados y una altura de cinco metros, en septiembre de 1998.

Dicha obra se realizó a base de una estructura de hierro y bloques de hormigón vibrado, en la zona conocida como El Molinito (La Gomera).

La nave estaba situada en un promontorio al inicio de una ladera y junto a la carretera TF-711, estando dicho terreno calificado por las Normas Subsidiarias del Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera como "rústico de protección". El día 22 de septiembre de 1998 se levantó un acta de denuncia por la Unidad de Medio Ambiente del Cabildo Insular de La Gomera al carecer de licencia y por la cual se advertía de que "la continuación de las obras supondría incurrir en un delito de desobediencia grave".

La citada resolución fue comunicada al acusado el día 30 de diciembre haciendo caso omiso a la misma y siguiendo con las obras, las cuales fueron precintadas el 3 de febrero de 1999. Al mantener el acusado su actitud se dictó una nueva orden de paralización con fecha de 22 de marzo de 1999, si bien dicha obra ya había sido techada, encontrándose el procesado ejerciendo su profesión de cerrajero.

En el texto legal se recoge que "el acusado lisa y llanamente reconoce, siendo absurdas las alegaciones, que no entendía lo que se le decía, pues creía que era una orden dirigida al Ayuntamiento. La orden de suspensión o paralización de la obra era clara, terminante y no dejaba lugar a dudas a cualquier persona con un mínimo de conocimiento y raciocinio, como es el caso de autos, en el que el acusado es un profesional y demuestra en el juicio tener formación más que suficiente para entenderla y conocer su alcance".

En cuanto a la alegación del procesado de que, tras el segundo apercibimiento de desobediencia a la autoridad, "el precinto de la obra se lo pudo llevar el viento, es absurdo", al tiempo que reconoció que tras la primera carta siguió edificando y que cuando recibió la segunda ya había terminado la obra y que la estaba utilizando para su negocio.El fiscal solicitaba por los citados delitos penas que sumaban los dos años de prisión, así como la demolición de la mencionada nave a costa del procesado. Por su parte, la defensa solicitaba la libre absolución.