Vivir

El Gobierno facilitará la realización de trámites burocráticos a los inmigrantes


COLPISA, Madrid
10/jul/03 18:24 PM
Edición impresa

El Gobierno está decidido a fomentar la inmigración legal a costa de incentivos y de facilitar al máximo los trámites para acceder a los permisos de residencia. Los ministerios de Justicia, Interior, Trabajo y Administraciones Públicas firmaron ayer un protocolo que acortará entre tres y seis meses la espera para obtener las autorizaciones para vivir y trabajar en España.

El convenio suscrito por Ángel Acebes, José María Michavila, Javier Arenas y Eduardo Zaplana permitirá a los inmigrantes que buscan regularizar su situación eludir uno de los trámites más engorrosos que la actual legislación exige para conseguir los ansiados permisos: el certificado de Justicia sobre antecedentes penales.

Las cuatro administraciones involucradas han pactado el fin de los certificados en papel para los extracomunitarios, a los que bastará autorizar a Justicia facilitar sus datos al resto de ministerios para ahorrarse un trámite que venía demorándose hasta seis meses y que ahora, gracias al acceso telemático, se podrá hacer en un minuto.

Este protocolo se une a otros dos recientes acuerdos de Interior con la Agencia Tributaria y la Tesorería General de la Seguridad Social que permitirán a los inmigrantes no ocuparse de presentar en la ventanilla los otros dos documentos indispensables para las autorizaciones: el de cumplimiento de las obligaciones fiscales exigibles en España y el certificado de estar al día en los pagos a la Seguridad Social.

Según explicó Arenas, con estos tres acuerdos la Administración espera ahorrarse la tramitación de 1.353.000 expedientes: 573.000 de certificados de penales, 390.000 de Seguridad Social y otros 390.000 de obligaciones fiscales.

En total, los inmigrantes a la espera de obtener documentación verán acortado el procedimiento en once trámites burocráticos menos. "El objetivo -dijo- es que la Administración moleste lo menos posibles a los administrados", incluidos los extranjeros, y no pedir a los inmigrantes que aporten una documentación que el propio Estado, aunque en otros departamentos, tiene en su poder.

Certificado de penales

Michavila, por su parte, subrayó que la supresión del certificado de penales, supondrá para su departamento evitarse la emisión de cerca de un millón y medio de documentos en papel.

El ministro del Interior enmarcó este acuerdo para librar de buena parte de la burocracia a los extracomunitarios dentro del propósito del Ejecutivo de "facilitar la inmigración legal".