Cultura y Espectáculos

El Gobierno ?ha discriminado a La Laguna? respecto a Las Palmas

Así lo estima el Claustro de la ULL, que creará una comisión para subsanar los reparos de legalidad que el Ejecutivo ha realizado sobre sus nuevos estatutos, y que según los grupos benefician a la ULPGC en aspectos como la exención de ciertas tasas.
D. FUENTEFRÍA, Santa Cruz
17/jul/03 20:20 PM
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Sin las tensiones que puede causar la falta de unanimidad, y más bien con una sensación de firmeza ante lo que todos los grupos consideran una situación de clara discriminación con respecto a la isla vecina, se desarrolló ayer el primer Claustro de la Universidad de La Laguna bajo el mandato del nuevo rector, Ángel Gutiérrez. El detonante: los informes de legalidad emitidos por los servicios jurídicos del Gobierno de Canarias sobre los proyectos de estatuto de ambas instituciones, que según los grupos claustrales de la ULL han medido con diferente rasero a ambos centros académicos en aspectos concretos a la hora de dictar reparos.

El Claustro aprobó por asentimiento un procedimiento resultante de dos propuestas de Liga y Programa, por el que se tenderán a subsanar los reparos de legalidad formulados por el Gobierno, el cual contempla la creación de una comisión "ad hoc" que recogerá enmiendas a los artículos reparados hasta el 10 de octubre. El texto final será aprobado por el Claustro por mayoría absoluta.

El debate, más bien corto, sirvió, además de para que los grupos hiciesen su "presentación oficial" al nuevo mandatario, para ser claros en cuanto a su postura en este asunto. Así, mientras Indepas exhortaba a una "defensa firme" de los intereses de La Laguna, Soledad Muñoz (Grupo), consideró que el Gobierno ha ejercido un "doble rasero" con las dos Universidades. Sin embargo, fue Francisco Ortiz, de Liga del Profesorado Universitario, quien situó las claves de la supuesta discriminación, que tildó de "flagrante" y de "agresiva" hacia La Laguna. Ortiz, preocupado por que el Gobierno "pueda ser parcial" en un asunto como éste, dijo que lo más importante atañe "a la exención de tasas de familiares de profesorado funcionario y de personal de administración y servicios" (artículo 18), que en el caso de La Laguna "se niegan basándose en sentencias previas". La segunda discriminación relevante se referiría, continuó el profesor, "a la que permite que el Claustro de Las Palmas pueda aprobar el reglamento electoral de la Universidad, lo que se le impide a La Laguna".

Sólo Luis Vega (Proyecto) recordó que "nos encontramos sólo ante un informe jurídico", que el Gobierno "aún no ha resuelto nada" en firme y que por tanto el documento "es recurrible". Con todo, Vega indicó que el contenido del informe se muestra a veces "exageradamente virulento con La Laguna", algo que "no es admisible" desde su punto de vista. Concluyó indicando que "una institución tiene que hacerse respetar, y existen elementos objetivos que indican que a la ULL no se la está respetando", por lo que recomendó al nuevo rector "que empiece a dar los pasos necesarios para subsanar esta situación".

Interpretaciones

Fernando Hernández Guarch, viceconsejero de Educación, señaló, cuando el informe se hizo público hace unos días, que este tipo de documentos jurídicos "deben tomarse como tal", a pesar de que "todo en el Derecho está sujeto a interpretaciones", por lo que "si la ULL no está de acuerdo en algunos aspectos, tendría sus mecanismos para reclamar", lo que La Laguna confirmó ayer. Por otro lado, en el turno de ruegos y preguntas, el rector de La Laguna informó de su intención de impulsar la anulación de una resolución de su predecesor, José Gómez Soliño, que según los grupos abría la posibilidad a la privatización de ciertos servicios como portería y seguridad. Por otro lado, Juan Salvador Santana (NUC) mostró preocupación por la "falta de transparencia, la arbitrariedad y la lentitud" con que, a su entender, viene funcionando la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación (Aneca).