Canarias

Los cabildos quieren entrar en la Ley de Grandes Ciudades

El objetivo de las corporaciones insulares es poder nombrar a directores de área que no sean consejeros ni funcionarios, adecuando la estructura de gobierno a las competencias que ejercen. Perestelo entiende que si no se les ha incluido hasta ahora es por despiste o desconocimiento.
EL DÍA, S/C de Tenerife
24/jul/03 16:35 PM
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Los siete cabildos canarios harán lo posible para que se les incluya en la Ley de Grandes Ciudades, que tramitan actualmente las Cortes. El nuevo presidente de la Federación de Cabildos (Fecai), el palmero José Luis Perestelo, subrayó ayer, tras una reunión de este organismo en la sede del Parlamento, que si no se les ha tenido en cuenta hasta ahora en el proyecto de Ley es por despiste o por desconocer las verdaderas funciones de las administraciones insulares. El objetivo último es que dichas administraciones, al igual que los ayuntamientos, puedan flexibilizar su organización y contar con directores de área que no tengan que ser consejeros o funcionarios.

Perestelo recordó que los Cabildos cuentan con un amplio número de competencias cuyas responsabilidades sólo pueden repartir bien entre los consejeros, bien entre determinados funcionarios, aunque la actuación de estos últimos debe circunscribirse al ámbito interno de la corporación. La nueva ley, que contempla la designación de personas ajenas a los ayuntamientos, permitiría, en el caso de las administraciones insulares, nombrar a directores de área que no fueran necesariamente consejeros o funcionarios, una posibilidad que, según el dirigente palmero, facilitaría la gestión.

La intención de la Fecai es informar a los diferentes grupos parlamentarios en el Congreso de la conveniencia de que se incluya a los cabildos en el texto, aduciendo para ello que se encuentran a mitad de camino entre una administración local y, dado el elevado número de competencias transferidas, una comunidad autónoma.

Perestelo señaló que uno de los obstáculos con los que se encuentran a la hora del trato por parte de la administración central es el tópico que considera a los cabildos como una versión insular de las diputaciones peninsulares.

Por otra parte, los cabildos acordaron reclamar al Gobierno de Canarias 4,5 millones que les adeu-da desde 2001 en concepto de re-caudación del Igic por venta de todo-terrenos. La comparación con los datos de 2002 ha permitido comprobar que los cálculos autonómicos estaban equivocados.