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Acuerdo unánime para reducir el precio de los medicamentos

Los consejeros autonómicos de Salud y el Ministerio abordaron ayer con satisfacción la orden con la que se pretende rebajar los precios de referencia, lo que supondrá un ahorro tanto para las administraciones públicas como para los usuarios de los fármacos.
EFE, Madrid
24/jul/03 18:37 PM
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La ministra de Sanidad, Ana Pastor, presentó ayer la nueva fórmula de cálculo de precios de referencia en el pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, aunque todavía no se conocen el volumen de medicamentos.

Los asistentes al consejo insistieron en reclamar una política farmacéutica integral que incluya a todos los agentes implicados en el sector.

Según se fijó en la Ley de Cohesión y Calidad, el precio de referencia de cada conjunto homogéneo -fármacos con el mismo principio activo- será la media aritmética de los tres tratamientos más baratos, que deberán pertenecer a tres grupos empresariales diferentes; los pacientes, destacó la ministra, podrán seguir con la marca que consumen, pero pagarán en base a ese nuevo precio de referencia.

Según explicó Pastor, en este momento el rango de precios para fármacos del mismo principio activo -por ejemplo de paracetamol- era "muy grande" y era necesario que los medicamentos que están fuera de patente y que ya han amortizado sus inversiones en investigación tengan un coste más homogéneo.

Todavía se mantienen conversaciones con la industria farmacéutica, la principal afectada por esta medida, pero Pastor apuntó que el diálogo es "permanente" y que se analiza el impacto en cada empresa y en cada producto para hacer compatible "la sostenibilidad del sistema sanitario y la consolidación" de los laboratorios y de su actividad investigadora.

La norma, explicó, entrará en vigor lo antes posible, aunque debe superar el trámite de audiencia y pasar por la comisión delegada y por el Consejo de Estado.

El objetivo principal es el uso racional de los medicamentos y reducir el gasto público, ya que en el primer semestre del año el incremento se situó en el 10,72 por ciento. Pastor explicó que además del gasto farmacéutico en recetas es necesario estudiar la política de compra de medicamentos de los hospitales, ya que las Comunidades Autónomas más pequeñas encuentran dificultades para llegar a acuerdos con los laboratorios y es necesario que todo el Estado tenga acceso a los mismos descuentos.

Por otra parte, la titular de Sanidad animó a todas las Comunidades a sumarse al proyecto de dispensación de fármacos por unidosis y les instó a poner en marcha normas para regular la promoción de los medicamentos por parte de los laboratorios.

El consejero castellanomanchego, Fernando Lamata, lamentó la falta de una política farmacéutica integral para contener el gasto que soportan las Comunidades Autónomas y abogó por implicar a todos los agentes para estabilizar el sistema, que "se pondría en riesgo" si continúa el actual incremento. Los socialistas estiman que el gasto farmacéutico supone ya casi el 30% de todo el gasto sanitario y reclaman una revisión de los acuerdos de financiación para aumentar el presupuesto sanitario.

Reforzar el corazón

En la reunión de ayer se presentó también el Plan Integral de Cardiopatía Isquémica, que incluye medidas de prevención homogéneas para todas las Comunidades, y el programa para mejorar el tratamiento que reciben los pacientes con espina bífida, puntos que, según la oposición, también necesitan un presupuesto propio.

Se trató de la primera reunión del Consejo con su nueva composición -un representante por cada Comunidad Autónoma y Pastor en representación del Ministerio- y se aprobó el nuevo reglamento de funcionamiento.

El nuevo plan pretende reducir el número de muertes por enfermedades del corazón, que ascienden en España a 40.000 al año. La ministra de Sanidad, Ana Pastor, expresó su satisfacción por el plan, el más importante elaborado en un país de la Unión Europea, dijo y subrayó que espera que pueda ser aplicado en el plazo más breve posible. Los consejeros alabaron el plan, aunque mientras que el responsable de la Sanidad en Murcia, el popular Francisco Marqués, dijo que no comporta gastos, los consejeros socialistas de Castilla La Mancha y de Extremadura coincidieron en la falta de financiación para su puesta en práctica.

La ministra de Sanidad, Ana Pastor, presentó ayer la nueva fórmula de cálculo de precios de referencia en el pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, aunque todavía no se conocen el volumen de medicamentos.

Los asistentes al consejo insistieron en reclamar una política farmacéutica integral que incluya a todos los agentes implicados en el sector.

Según se fijó en la Ley de Cohesión y Calidad, el precio de referencia de cada conjunto homogéneo -fármacos con el mismo principio activo- será la media aritmética de los tres tratamientos más baratos, que deberán pertenecer a tres grupos empresariales diferentes; los pacientes, destacó la ministra, podrán seguir con la marca que consumen, pero pagarán en base a ese nuevo precio de referencia.

Según explicó Pastor, en este momento el rango de precios para fármacos del mismo principio activo -por ejemplo de paracetamol- era "muy grande" y era necesario que los medicamentos que están fuera de patente y que ya han amortizado sus inversiones en investigación tengan un coste más homogéneo.

Todavía se mantienen conversaciones con la industria farmacéutica, la principal afectada por esta medida, pero Pastor apuntó que el diálogo es "permanente" y que se analiza el impacto en cada empresa y en cada producto para hacer compatible "la sostenibilidad del sistema sanitario y la consolidación" de los laboratorios y de su actividad investigadora.

La norma, explicó, entrará en vigor lo antes posible, aunque debe superar el trámite de audiencia y pasar por la comisión delegada y por el Consejo de Estado.

El objetivo principal es el uso racional de los medicamentos y reducir el gasto público, ya que en el primer semestre del año el incremento se situó en el 10,72 por ciento. Pastor explicó que además del gasto farmacéutico en recetas es necesario estudiar la política de compra de medicamentos de los hospitales, ya que las Comunidades Autónomas más pequeñas encuentran dificultades para llegar a acuerdos con los laboratorios y es necesario que todo el Estado tenga acceso a los mismos descuentos.

Por otra parte, la titular de Sanidad animó a todas las Comunidades a sumarse al proyecto de dispensación de fármacos por unidosis y les instó a poner en marcha normas para regular la promoción de los medicamentos por parte de los laboratorios.

El consejero castellanomanchego, Fernando Lamata, lamentó la falta de una política farmacéutica integral para contener el gasto que soportan las Comunidades Autónomas y abogó por implicar a todos los agentes para estabilizar el sistema, que "se pondría en riesgo" si continúa el actual incremento. Los socialistas estiman que el gasto farmacéutico supone ya casi el 30% de todo el gasto sanitario y reclaman una revisión de los acuerdos de financiación para aumentar el presupuesto sanitario.

En la reunión de ayer se presentó también el Plan Integral de Cardiopatía Isquémica, que incluye medidas de prevención homogéneas para todas las Comunidades, y el programa para mejorar el tratamiento que reciben los pacientes con espina bífida, puntos que, según la oposición, también necesitan un presupuesto propio.

Se trató de la primera reunión del Consejo con su nueva composición -un representante por cada Comunidad Autónoma y Pastor en representación del Ministerio- y se aprobó el nuevo reglamento de funcionamiento.

El nuevo plan pretende reducir el número de muertes por enfermedades del corazón, que ascienden en España a 40.000 al año. La ministra de Sanidad, Ana Pastor, expresó su satisfacción por el plan, el más importante elaborado en un país de la Unión Europea, dijo y subrayó que espera que pueda ser aplicado en el plazo más breve posible. Los consejeros alabaron el plan, aunque mientras que el responsable de la Sanidad en Murcia, el popular Francisco Marqués, dijo que no comporta gastos, los consejeros socialistas de Castilla La Mancha y de Extremadura coincidieron en la falta de financiación para su puesta en práctica.