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El Gobierno queda cerrado sin descartar futuros cambios

Dulce Xerach Pérez, concejala de ATI en Santa Cruz, se convierte en directora general del Gabinete del Presidente, donde sustituye a Daniel Cerdán, que había sido designado para ese cargo hace pocas semanas. Francisco Candil, del sector crítico de CC, nuevo director general de Drogodependencias.
EL DÍA, S/C de Tenerife
5/ago/03 16:36 PM
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El Gobierno de Canarias cerró ayer su organigrama con la designación de doce nuevos altos cargos, aunque el consejero de Infraestructuras y portavoz del Ejecutivo, Antonio Castro, se esmeró en dejar claro que "esto no quiere decir que no haya cambios a lo largo de la legislatura". Entre las principales novedades figura el nombramiento de la ex consejera de Cultura del Cabildo de Tenerife y actual concejala en el Ayuntamiento de Santa Cruz, Dulce Xerach Pérez, de ATI, como directora general del Gabinete del Presidente, cargo que el primer Consejo de Gobierno de la legislatura había reservado para Daniel Cerdán, que ayer fue nombrado viceconsejero de Comunicación. Mientras, Ican, la fuerza crítica de CC en Gran Canaria, sumó un tercer hombre en el equipo que preside Adán Martín: Francisco Candil, anterior director general de Juventud, se ha convertido en director general de Atención a las Drogodependencias.

La inclusión de Dulce Xerach Pérez en el organigrama gubernamental se dio por probable desde el momento en el que anunció que abandonaba la candidatura al Cabildo tinerfeño para presentarse en la lista a la Corporación santacrucera, que ahora se verá obligada a abandonar. El puesto que ocupará en el Ejecutivo la convierte, junto al "renombrado" titular de la Viceconsejería de Comunicación y al viceconsejero de Presidencia, Miguel Becerra, en una de las personas más cercanas a Martín. Dicha cercanía se fundamenta tanto en la afinidad política como en los lazos familiares, habida cuenta que la nueva directora general está casada con el hermano del presidente, el arquitecto Fernando Martín Menis.

El Consejo de Gobierno, que se reunió en Las Palmas, certificó el escaso protagonismo del que van a disfrutar los críticos de CC de Gran Canaria en las labores de gobierno. La designación de Candil, un hombre cercano a Román Rodríguez, al frente del área de Atención a las Drogodependencias, no supone mas que el cumplimiento del anuncio realizado por el presidente la semana pasada, que daba por seguro que ese cargo iba a ir a parar a Ican.

El anterior responsable de Juventud entra a formar parte de un departamento al frente del que se encuentra otra representante de CC de Gran Canaria, María del Mar Julios, en este caso del sector oficial, pero donde la capacidad de maniobra reside en el ex consejero Rafael Díaz, de ATI, que dirige el Servicio Canario de Salud.

Mientras, la anterior viceconsejera de Asuntos Sociales, Guillermina Hernández, de ATI, se convierte en directora general de la Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias, y en la Consejería de Educación se crea el cargo de Comisionada para la Reforma Educativa, que ocupará Isabel de Luis Lorenzo, también perteneciente a los insularistas tinerfeños.

Inmigración

Además del cierre del proceso de reparto de cargos, la otra gran novedad del Consejo de Gobierno celebrado ayer fue el anuncio del giro de 180 grados en las relaciones con la administración estatal en materia de inmigración, que en el Ejecutivo de Román Rodríguez se caracterizaron por la continua tensión y el enfrentamiento entre Madrid y Canarias.

Castro subrayó que la inmigración es el problema más importante que sufre el Archipiélago y adelantó que el Ejecutivo que preside Adán Martín tiene la intención de iniciar una nueva etapa que permita estrechar la colaboración con el Estado en esta materia.

El portavoz evitó valorar si la actitud mantenida por el anterior Gobierno no fue la más adecuada, pero dijo que el paso del tiempo ha permitido analizar la situación y se ha llegado a la conclusión de que para afrontar este fenómeno es necesaria la participación de todos, aunque no se olvidó de dejar claro que la administración estatal cuenta con mayores responsabilidades en la materia.

El acercamiento en torno a la inmigración se verá refrendado desde principios de septiembre mediante reuniones al más alto nivel entre los gobiernos central y canario, según adelantó Castro, quien recordó que la UE ha designado a las Islas como territorio piloto para poner en marcha medidas de control del flujo de inmigrantes. Uno de los objetivos de Canarias es que tales medidas se apliquen.

A pesar de que Martín había anunciado que en el Consejo de Gobierno iban a analizarse las declaraciones del consejero de Industria y Comercio, Luis Soria, del PP, sobre las grandes superficies, Castro indicó que tal asunto no se había tratado y que la postura del Ejecutivo al respecto la había dejado clara el presidente, que ha optado por cumplir la legislación vigente, tal y como recoge el pacto entre CC y PP.

El consejero y portavoz no se olvidó del homicidio cometido ayer en el municipio de La Matanza, y después de transmitir el pésame del Gobierno a los familiares de la fallecida anunció que la administración canaria está dispuesta a intensificar los medios materiales y humanos con los que se cuenta actualmente para hacer frente a la violencia de género.

Los presupuestos

Estabilidad y compromisos

Los presupuestos de la Comunidad autónoma protagonizaron buena parte de la reunión mantenida ayer por los miembros del Gobierno. Los vigentes porque se analizó su nivel de ejecución, que a estas alturas del año se sitúa cuatro puntos por encima de la cifra de 2002 en esta misma época; los que deberán aprobarse en octubre porque el consejero, José Carlos Mauricio, dio a conocer los criterios que los regirán. Entre dichos criterios destacan el equilibrio y el rigor, que se basarán en el déficit cero; la financiación de los compromisos adquiridos y la prioridad a los proyectos que permitan la captación de fondos estatales y europeos. Además, se abordará el gasto desde un punto de vista plurianual. Castro indicó que el incremento con respecto a los actuales puede situarse en torno al cinco por ciento y adelantó que las áreas prioritarias serán las vinculadas con la sanidad, la educación y los servicios sociales.