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No hay cámping para tanta gente

La ocupación indebida de las playas tinerfeñas por miles de campistas cada verano se ha convertido en un serio problema con graves consecuencias medioambientales, en el que las administraciones públicas y los aficionados tienen que comprometerse en la búsqueda de soluciones.
10/ago/03 19:02 PM
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La ocupación cada verano del litoral tinerfeño por miles de campistas, en lugares carentes de servicios tan elementales como agua, luz, baños, duchas o contenedores de basuras, representa un serio problema medioambiental que sumar al resto de usos otorgados de las playas canarias, permitidos o prohibidos, que las han terminado por convertir en lugares bulliciosos, masificados y, en el peor de los casos, sucios y degradados.

Se calcula que en Tenerife unas 20.000 personas acampan estos meses en lugares concretos de la costa, fundamentalmente del Sur, lo que representa una ocupación indebida del suelo público puesto que en ninguna playa está autorizada esta actividad.

El problema no hace más que aumentar y complicarse, pues a la falta de infraestructuras para la acampada, se añade el deseo de cada vez más personas de disfrutar de su tiempo libre en una tienda de campaña o en una caravana, algo que esgrimen como un derecho y para lo que reclaman la creación de infraestructuras por parte de las administraciones públicas.

Esta petición compromete directamente al Cabildo de Tenerife, que ha construido dos cámping en Montaña Roja, en Granadilla, y Punta del Hidalgo, en La Laguna, y gestiona con el Ayuntamiento de Arico la cesión de un solar para habilitar una tercera zona de acampada, lo que permitirá disponer en un futuro no muy lejano de 1.000 plazas a disposición de los campistas.

El modelo de gestión y el coste del uso de las instalaciones representan otros asuntos pendientes de resolver, tarea en la que el Cabildo quiere implicar directamente a las asociaciones de campistas.

Para analizar este problema, EL DÍA convocó el pasado jueves a representantes de las administraciones públicas con competencias en las zonas de acampada y que sufren directamente las consecuencias de la ocupación indebida del suelo público por los campistas, así como a aficionados a esta manera de hacer turismo y a miembros de las entidades que los representan.

Los asistentes al debate fueron Wladimiro Rodríguez Brito, consejero de Medio Ambiente del Cabildo de Tenerife; Raúl Morales, concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Guía de Isora; Carmen Vivas, miembro de la Plataforma Proderechos de los Campistas (Prodecam), y María del Carmen Magaña, aficionada a esta práctica.

Carmen Vivas abrió la ronda de intervenciones con una reivindicación directa al Cabildo de Tenerife para que habilite zonas de acampada, aunque aclaró que "estamos dispuestos a pagar un módico precio" por el uso de las instalaciones.

Para la representante de Prodecam, los cámping son la única alternativa "para las personas que no se pueden permitir pagar un hotel o un apartamento" y defendió en todo momento el comportamiento respetuoso con el entorno de quienes se instalan en una caleta del Sur con una tienda de campaña. "Los campistas no son los que ensucian y deterioran, porque somos los primeros interesados en mantener limpia la playa en la que se bañan nuestros hijos".

Vivas lamentó la inexistencia de instalaciones en la Isla "con duchas, luz, fregaderos y recogida de basuras", mientras "en Las Palmas hay tres cámping", lo que consideró "una discriminación".

Mientras transcurría el debate, la miembro de Prodecam criticó la "persecución" que suelen sufrir los campistas cuando se les acusa de destrozar y ensuciar el entorno, y apostó por mantener conversaciones con el Cabildo de Tenerife para buscar soluciones a la falta de servicios. "Tres cámping es menos que nada", dijo, pero recalcó que "las administraciones públicas tienen que facilitarnos los medios".

Sociedad urbana

Wladimiro Rodríguez Brito buscó el origen del problema en el fuerte crecimiento demográfico de la Isla y en la existencia de una "sociedad urbana" que demanda servicios "de los que no se dispone". El consejero de Medio Ambiente informó de que las más de veinte áreas recreativas localizadas en medianías y montes están "casi vacías", porque "lo que se oferta no es lo que se demanda", pero apostó enérgicamente "por acabar con el espontaneísmo" en la práctica del campismo.

"El espontaneísmo no cabe porque somos muchos. No se puede ocupar una playa carente de todo tipo de servicios o un espacio natural, que luego hay que ir a limpiar", denunció. Añadió que el Cabildo de Tenerife ha concluido las obras de los cámping de Montaña Roja y Punta del Hidalgo y prevé construir un tercero en el municipio de Arico, lo que permitirá disponer de 1.000 plazas de acampada para una demanda de 20.000 campistas, "una gota en el océano", comentó, pero al menos representa el primer paso a la ordenación de una actividad "de moda", que "antes era minoritaria pero ya no".

Uno de los asuntos pendientes de resolver es la gestión y mantenimiento de los cámping insulares, sobre lo que Wladimiro Rodríguez dijo que "deben implicarse las asociaciones de campistas", una de las razones por las que consideró "es bueno que existan". "Ustedes tienen que ayudarnos a reconducir este problema, que se ha convertido en algo muy serio", precisó el consejero.

Raúl Morales, concejal de Urbanismo de Guía de Isora, denunció que en playa Blanca se hacinan más de 1.000 campistas "sin ningún tipo de servicios" en los meses de verano, aunque la ocupación indebida del suelo de esta parte del litoral isoriano comienza en Semana Santa y se prolonga hasta el mes de octubre.

Criticó que el "débil", el Ayuntamiento de Guía, sea el que sufra las peores consecuencias de este problema, como la retirada "de tres toneladas de basura" y la inversión de 18.000 euros en limpieza y acondicionamiento de la zona utilizada por los campistas, a lo que añadió el gran malestar de los vecinos por este uso ilegal de la costa, "del que el Ayuntamiento no recibe ninguna contraprestación".

El concejal denunció que las casetas instaladas en playa Blanca llegan al borde la orilla, lo que impide a los vecinos "caminar siquiera por la playa", y la nula respuesta de la Dirección General de Costas, organismo al que se dirigen las multas emitidas por la Policía Local que luego no se ejecutan. "Si a estas personas las multaran con 903 euros (150.000 pesetas) el próximo año se lo pensaban dos veces, pero como saben que no les pasa absolutamente nada siguen allí".

Morales cuestionó "con qué cuota pagarán los campistas el mantenimiento de los cámping", pues en su opinión las instalaciones "no deben mantenerlas los ayuntamientos". "Seguiremos defendiendo los intereses de los isorianos y nuestro litoral", señaló, pese al malestar de los aficionados a las acampadas.

María del Carmen Magaña, una aficionada a esta práctica, aseguró que los campistas "respetan el entorno" y criticó que se intente responsabilizarlos de la suciedad del litoral. Consideró que "se trata de un problema común a toda la sociedad y no exclusivo de los campistas", por lo que para solucionarlo "hay que empezar desde la escuela". En su opinión, los tres cámping "son mejor que nada" y apostó por estrechar la colaboración con las administraciones públicas con competencias en la provisión de los servicios que necesitan. "Debemos seguir tratando este asunto para que todos disfrutemos de los cámping sin molestar a nadie".