Canarias

El Gobierno establece un cerco sobre las empresas públicas

El Ejecutivo canario aprobó ayer una batería de medidas para controlar el gasto y la gestión del sector público empresarial. Los objetivos principales son evitar el endeudamiento, la desviación de fondos y la discriminación a la hora de contratar las actuaciones.
EL DÍA, S/C de Tenerife
10/sep/03 16:36 PM
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El Gobierno de Canarias aprobó ayer una serie de medidas económicas, de gestión y de gastos de personal para realizar un seguimiento del funcionamiento de las empresas públicas con el fin de mejorar su eficiencia y evitar los endeudamientos. Asimismo, acor-dó encargar un estudio más exhaustivo a la Consejería de Economía y Hacienda, que en un plazo de seis meses tendrá que proponer una reordenación del sector público empresarial.

El secretario del Ejecutivo autónomo, Antonio Castro Cordobez, indicó en rueda de prensa, tras la reunión del Consejo de Gobierno, que el objetivo de las medidas es poner "un poco más de orden en las empresas públicas, para que se comporten como tal y no se apliquen criterios discriminatorios".

Dentro de las medidas económicas, destacan la prohibición de suscribir operaciones de endeudamiento sin la preceptiva autorización previa y la obligación de ajustar los presupuestos a las previsiones de gastos reales.

Castro explicó que a partir de ahora existe la obligación de que los consejos de administración convoquen una reunión trimestral en la que se ha de analizar la evolución y cumplimiento de los objetivos de la entidad durante el ejercicio.

Los responsables de las empresas han de elaborar un informe con carácter acumulativo en el que ha de constar, además del análisis de la evolución de los objetivos, los estados contables, el balance de situación y la cuenta de pérdidas y de ganancias correspondientes.

Asimismo, el informe debe contener el análisis y justificación de las desviaciones que se hayan realizado sobre los presupuestos previstos. En este tendrá que especificarse no sólo las actuaciones no previstas, sino las medidas a adoptar para lograr el cumplimiento del presupuesto y para corregir las desviaciones, en caso de existir.

Antonio Castro comentó que el informe tendrá que plasmar también las operaciones de endeudamiento, así como cualquier contingencia que pueda afectar a la marcha futura de la empresa y las reservas o discrepancias manifestadas por los auditores.

Personal

El también consejero de Infraestructuras, Transportes y Vivienda explicó que ninguna retribución dentro de una empresa pública podrá superar el sueldo estipulado para un director general de la Administración Pública, salvo en caso de estar autorizado por el Consejo de Gobierno.

Todas las empresas públicas, con las nuevas medidas, tendrán que ajustar sus contrataciones de nuevo personal de forma que se garantice el cumplimiento de los principios de publicidad y concurrencia. Asimismo, deberán primar "criterios uniformes en la selección que respeten los principios de capacidad, igualdad y mérito".

El Consejo de Gobierno también aprobó una paquete de medidas que afectarán a la gestión del sector público empresarial.

Se impide a las empresas públicas que puedan conceder subvenciones sin estar consignadas dentro de los presupuestos de la Comunidad Autónoma y sin dar cuenta al Ejecutivo.

El control se traslada también a las consejerías, de forma que ningún organismo de la Comunidad Autónoma podrá encomendar a las empresas públicas la ejecución de actuaciones que carezcan de financiación suficiente para cubrir todos los costes directos o indirectos de las mismas. En este sentido, en la encomienda tendrá que constar expresamente la forma de financiación, la partida presupuestaria, el proyecto de inversión o la línea de actuación en la que existen los créditos.

Además, los contratos deberán estar sujetos a los principios de publicidad y concurrencia, explicó Antonio Castro.