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El Tenerife pide aplazar


JORNADA, S/C de Tenerife
26/sep/03 12:03 PM
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La representación legal del Tenerife, para la que se personó el abogado Sergio Batista, solicitó ayer, en las cuestiones previas, la suspensión del proceso de demanda de la empresa Gimblest, en la reclamación de las cantidades en concepto de su trabajo de intermediación en el fichaje de Muñoz Mustafá, aduciendo que hay una causa penal pendiente que afecta a los dirigentes que efectuaron aquella operación. Esta solicitud se refiere a la querella criminal presentada contra Javier Pérez y otros directivos.

Aún así, el juez consideró que ese no era el momento para acordar tal suspensión y la vista de ayer terminó celebrándose. El Tenerife argumentó que los documentos en los que se basa la reclamación de 45 millones de pesetas (261.000 euros), por parte de los representantes del jugador, no están en el club, por lo que la citada reclamación no tenía causa. Asimismo, Batista dijo que se habla de un primer pago, de unos 15 millones, que no consta en la contabilidad del Tenerife, pero la parte contraria aclaró que Gimblest cobró ese dinero a través del propio Muñoz Mustafá.

En el desarrollo del juicio por la reclamación de Gimblest, la empresa intermediadora en el pase de Mustafá, el testimonio de Ignacio Abad fue considerado esclarecedor, porque el actual secretario general del Tenerife admitió la existencia de los contratos que recogen el trato por el que el club debe pagar las cantidades reclamadas. Ayer también declararon Juan Amador y Javier Pérez, para certificar que esos contratos nunca fueron sustituidos y que no hubo, en ningún caso, fraude fiscal. La sociedad argentina pide que el Tenerife haga frente a las cantidades pendientes y asuma como válidos los únicos contratos existentes, porque hay otros documentos, que son proforma, fotocopiados y sin firmar, que no tienen validez y no rezan en los archivos de la entidad blanquiazul.

El club no ha pagado esa comisión que reclama Gimblest y en previsión de que no prospere la vista de ayer, Fernando Pérez Espinosa, que defendía a la empresa demandante, tiene previsto solicitar los embargos preventivos pertinentes, para cubrir el supuesto en el que el juez haga caso a la petición del club y suspenda este proceso hasta que se sentencie o se archive la querella contra el anterior consejo.

La vista ayer, que levantó mucha expectación, fue relacionada después con el curso de la querella criminal contra los anteriores consejeros, porque éste es uno de los puntos registrados en esa causa penal que debe ser explicado por el auditor Benito Regalado, antes de que la jueza decida si toma declaración a los imputados. Además, el propio presidente de la entidad, Pérez de Ascanio, negó que se hubieran librado cantidades a favor de una empresa húngara de intermediación, extremo considerado contradictorio con la propia querella.