Canarias

Alcaide denuncia la falta de colaboración de Sanidad

El responsable del Diputado del Común, Manuel Alcaide, afirmó ayer que el departamento autonómico ha hecho oídos sordos a su queja de oficio para conocer la situación real de las listas de espera en los hospitales canarios.
C.V., S/C de Tenerife
3/oct/03 16:37 PM
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El responsable del Diputado del Común, Manuel Alcaide, denunció ayer la falta de colaboración de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias a la hora de facilitar los datos sobre las listas de espera de los hospitales, a pesar de que se haya abierto en 2002 una queja de oficio al respecto.

Manuel Alcaide, que compareció en una comisión parlamentaria para presentar el informe de la institución del año 2002, indicó que Sanidad alude para no entregar la información solicitada que faltan los datos de algún centro hospitalario.

Respecto a las listas de espera, el Diputado del Común afirmó que la mayoría de las quejas se centran en los retrasos de los tratamientos y de las operaciones quirúrgicas y agregó que "la situación de retrasos excesivos se encuentra especialmente agravada en el Archipiélago".

Recalcó que, a pesar de la insistencia social y de que su institución insiste cada año en ese problema, el número de las listas de espera ha crecido de forma alarmante. Matizó que, aunque se ha iniciado un plan de choque, es su obligación resaltar la "gravedad" de la situación sanitaria. Manuel Alcaide destacó también que en el ámbito de la salud mental son precisos centros de día.

El Diputado del Común abrió 1.160 expedientes de quejas en 2002, de los que el mayor número afectan a Justicia (161). En la tramitación de las quejas, Alcaide denunció, también, los problemas existentes "ante la falta de apoyo institucional", lo cual dificultad su acción en ámbitos como la inmigración, competencia dependiente del Estado.

Confió en poder cerrar un convenio con el Defensor del Pueblo, del cual afirmó que se muestra receloso de las funciones de sus homólogos autonómicos.

Asimismo, Alcaide puso en evidencia la "excesiva burocracia" de la Administración pública y la necesidad de instaurar un "código de buena conducta".

El informe se debatirá en el pleno del Parlamento la próxima semana.