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Desmantelada una trama fiscal del sector inmobiliario que defraudó 15 millones

Veintinueve personas fueron detenidas ayer en una operación de la Agencia Tributaria contra un entramado de empresas dedicadas a la emisión de facturas falsas en concepto de IVA y del Impuesto de Sociedades, de las que se beneficiaban, principalmente, compañías inmobiliarias.
EFE, Madrid
8/oct/03 14:14 PM
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La Agencia Tributaria (AEAT) ha desmantelado una trama fiscal relacionada con la emisión de facturas falsas con un fraude estimado de 15 millones de euros, que se ha saldado hasta el momento con 29 detenidos, adelantó ayer el director general de la AEAT, Salvador Ruiz Gallud.

Las detenciones se produjeron en Sevilla y en las localidades de Dos Hermanas, Camas, Utrera y Olivares, como resultado de una investigación que ha durado más de medio año, añadió Gallud durante una conferencia de prensa a la que también asistieron el director de Inspección Financiera y Tributaria de la AEAT, Carlos Lamoca, y el director de Aduanas e Impuestos Especiales, Nicolás Bonilla.

Según la investigación, realizada por funcionarios de Inspección y Aduanas de la Agencia Tributaria en Andalucía, la trama contaba con una red de empresas interpuestas que, al parecer, defraudó en el período 1999-2002 alrededor de 15 millones de euros, de los cuales 5 millones fueron en concepto de IVA y otros 10 por el Impuesto sobre Sociedades.

Cinco fincas y 30 vehículos

Como resultado de la operación, tutelada por la magistrada del Juzgado de Instrucción número 4 de Dos Hermanas (Sevilla), se han incoado expedientes de delito fiscal, falsedad en documento mercantil y alzamiento de bienes, y además de los 29 detenidos, que podrían ser más, según Ruiz Gallud, se han intervenido cinco fincas y cerca de treinta vehículos.

La trama consistía en una red de empresas que operaba en tres niveles, de modo que las del primero, dedicadas supuestamente a la prestación de servicios al sector inmobiliario, emitían facturas por prestaciones no realizadas, de manera que las compañías del tercer nivel, en su mayoría inmobiliarias con actividad real, podían por un lado, desgravarse íntegramente el IVA anotado y, por otro, reducirse el beneficio que deben declarar en el Impuesto sobre Sucesiones.

Las empresas del segundo nivel funcionaban únicamente como intermediarias de las otras dos, sin aportar nada y con el fin único de dificultar los trabajos de seguimiento por parte de la Agencia Tributaria.