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La riada le costó más dinero al consorcio de seguros que a las administraciones

La comisión técnica mixta perfiló ayer las cuentas de las ayudas destinadas a los damnificados del 31-M. Según estos datos, el Estado, la Comunidad autónoma, el Cabildo y los ayuntamientos de Santa Cruz de Tenerife y La Laguna tramitaron 1.904 expedientes frente a los 3.366 que resolvieron las aseguradoras.
EL DÍA, S/C de Tenerife
8/oct/03 20:51 PM
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La riada que azotó la capital tinerfeña y La Laguna el 31 de marzo del año 2002 supuso un mayor coste para las compañías aseguradoras que para las administraciones públicas. Ésta es la principal conclusión que se deduce al comparar los 35.200.000 euros desembolsados por el Consorcio de Compensación de Seguros para afrontar los 3.366 expedientes que tramitaron, frente a los 27.383.342 euros aportados por las administraciones públicas para atender las solicitudes de 1.904 particulares. En esta última partida no se incluye la aportación que se destinará a la reposición de 177 viviendas (12 en La Laguna).

La comisión técnica integrada por el Gobierno central, el Gobierno canario, el Cabildo y los ayuntamientos de Santa Cruz y La Laguna costeó 4.567.184,18 euros, partida que se repartió entre los 1.203 particulares que reclamaron ayudas para mejora de viviendas y enseres, y los 699 que denunciaron la pérdida o avería de sus vehículos a consecuencia de las lluvias torrenciales.

Según el acuerdo suscrito por el Gobierno central y las administraciones canarias (Comunidad Autónoma, Cabildo y ayuntamientos), Madrid costeó el 50% de todas las ayudas, mientras que el tanto por ciento restante se dividía entre la cuota de participación de las administraciones regionales. Como condición, desde Canarias se adelantó todo el dinero y luego se reclamó la mitad a Madrid.

Junto a los 4,57 millones que fueron a parar a la mejora de viviendas, adquisición de enseres y vehículos, el Estado sufragó el cien por cien de los gastos de emergencias derivados de la riada, una factura que ascendió a los 4.739.517,63 euros (1.426.983,05 fueron a parar al Cabildo, y el resto al Ayuntamiento de Santa Cruz).

El esfuerzo económico realizado desde el Estado quedó de manifiesto con la concesión de un crédito extraordinario de 18 millones de euros para todos aquellos proyectos que ejecutaron las entidades locales con motivo de las lluvias, que fueron destinados a la reparación o restitución de las infraestructuras locales. Esta partida también fue agotada, tras la ejecución de 42 actuaciones.

La Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social atendió también un total de 67 solicitudes de moratoria en el pago de cotizaciones a la Seguridad Social, por un importe de 70.849,37 euros, y cuatro expedientes de exoneración de abono de cuotas también a la Seguridad Social, por valor de 5.790,85 euros.

Un recurso infrautilizado

Entre las ayudas orquestadas desde Madrid para auxiliar a los damnificados del 31-M, el Instituto de Crédito Oficial (ICO) ofertó "préstamos blandos", por un total de 18 millones. Para ello se firmó un convenio con once entidades financieras para facilitar la tramitación de estas ayudas destinadas a la reparación o reposición de instalaciones industriales y mercantiles, vehículos particulares o comerciales y locales de trabajo de profesionales que se vieron dañados por las lluvias. Un año y medio después de la tragedia, el ICO informa de que sólo se presentaron 10 solicitudes de préstamos ante las entidades colaboradoras, por un importe de 200.770,04 euros. El subdirector general de Subvenciones y Gestiones de Recursos de la Dirección General de Protección Civil, dependiente del Ministerio de Interior, Jaime Saavedra, explicó que desde el departamento de Economía se permitía a los damnificados beneficiarse de un tipo de interés del 3,75% en los créditos, pues la cantidad restante la costeaba el Estado.